Venezuela solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de rectificación del laudo que le otorgó a la petrolera ConocoPhillips una indemnización por $8.700 millones como pago de la expropiación de sus activos en el país en 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez.
El registro del caso en el sitio web del Ciadi señala que el 18 de abril la República Bolivariana de Venezuela introdujo el requerimiento, a través de los bufetes Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle y De Jesús & De Jesús, los mismos que vienen representando al país en ese caso.
El Ciadi no detalla de momento si el procurador general (bien el designado por el presidente interino Juan Guaidó o el que ejerce bajo la autoridad de Nicolás Maduro) participó en la solicitud. Sin embargo, el diputado José Guerra, dijo en la sesión ordinaria de este martes que la acción había sido ejecutada por el procurador José Ignacio Hernández (nombrado por Guaidó).
“El procurador actuó de manera diligente para pedir la reconsideración del laudo, que tiene errores de cálculo y se están cobrado $300 millones de más y posteriormente se pedirá la anulación del acto para salvaguardar los intereses del país”, dijo Guerra, integrante de la comisión permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional.
Guerra consideró que la AN debe mostrar el mayor respaldo a Hernández, ya que considera que este proceso es clave por el monto dictaminado por el tribunal arbitral.
El pasado 8 de marzo el Ciadi ordenó a Venezuela el pago de $8.700 millones a Conoco por la expropiación de sus activos en tres proyectos petroleros en 2006. La demanda se había presentado en 2007 y exigía el pago de $21.000 millones.
El diputado Guerra agregó que el proceso está “plagado de irregularidades” y mencionó que uno de los árbitros se nombró sin el consentimiento de Venezuela, que no se siguieron las normas del caso Exxon y “se le está imponiendo al país una penalidad excesiva”.
