Venezuela cumple con altos estándares en su sistema de responsabilidad penal dirigido a los niños, niñas y adolescentes, respetando sus derechos, garantías y su reinserción efectiva en el entorno social, indicó este miércoles Delia Martínez, oficial de protección del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Durante el Foro: Sistema Penal de Responsabilidad de los adolescentes; avances, retos y desafíos para su consolidación, celebrado en Caracas, expresó que en el país desde el momento de la detención, hasta el cumplimiento de la sanción impuesta, “se respetan los derechos y garantías de los jóvenes que hayan incurrido en delito penal y se vela porque este sea reinsertado en la sociedad con actividades socioeducativas”.
Detalló que los adolescentes entran en conflicto penal por múltiples causas, entre las que destacó factores familiares, económicos y sociales, entre otros, que deben ser analizadas desde su origen.
En este sentido, aplaudió el cambio de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), que pasó a establecer disposiciones penales para adolescentes de 14 años y hasta menos de 18, mientras que los que se encuentren por debajo de la edad mínima penal se les aplicarán medidas de protección. Anteriormente, esas acciones se dirigían a adolescentes a partir de los 12 años.
Martínez resaltó la finalidad educativa de las medidas luego de la reforma, y mencionó que en general contemplan el diseño y la ejecución de programas socioeducativos, los cuales consisten en otorgar la libertad al adolescente obligándose a someterse a la supervisión, asistencia y orientación de una persona capacitada, quién deberá hacer seguimiento de su caso.
Al respecto el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, señaló la importancia de la participación de Unicef, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la institución que dirige y los sectores sociales, para la incorporación a la sociedad de los jóvenes que incurren en delitos, de manera productiva.
El foro evaluó la situación de responsabilidad penal en toda Latinoamérica, con participación activa de Unicef, representantes del Ministerio Público, TSJ, Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.
