El juez español Juan Carlos Peinado ha abierto una macrocausa contra altos cargos de los gobiernos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez por blanquear en España dinero procedente del petróleo venezolano.
Las diligencias abiertas por el magistrado apuntan tanto a miembros del ejecutivo actual y del anterior como a colaboradores de todos ellos que residen en la península ibérica desde hace años y que habrían facilitado a sus compatriotas las vías para devolver los fondos de la empresa estatal Pdvsa al curso legal a través de diferentes inversiones inmobiliarias y de todo tipo.
La investigación del Juzgado 41 de Madrid,, que aún se encuentra en un momento incipiente y bajo secreto de sumario, supone la mayor causa que emprende el mencionado juzgado desde que está al frente el juez Peinado y, según fuentes judiciales consultadas, este magistrado dedica la mayor parte de su tiempo a sacar adelante el procedimiento.
No en vano, incluso durante estos días de Semana Santa el juez ha estado practicando diligencias para hacer avanzar el asunto, en el que hay decenas de personas investigadas, apuntan las mismas fuentes consultadas, que hablan de más de 40 imputados, reseñó el portal español El Confidencial.com.
En concreto, el juez rastrea más de 70 contratos firmados por Pdvsa con empresas de la trama. Parte de ellas estarían vinculadas a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Estos convenios, muchos de ellos obtenidos tras un soborno previo, habilitaban a estas sociedades para extraer y comercializar el crudo de Venezuela, según apuntan las primeras investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción. Las mercantiles, explican otras fuentes ligadas a la causa, eran contratadas a dedo por el Gobierno de Maduro con el fin de que éstas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material a Europa.
El procedimiento que instruye el Juzgado 41 comenzó en España después de que a lo largo de la investigación realizada en otra causa abierta por un juzgado de Houston las autoridades norteamericanas descubrieran que la trama contaba con una derivada en Europa. En concreto, la justicia vinculó la organización con mercantiles en Portugal.
La colaboración internacional permitió posteriormente descubrir que los fondos derivados a este último país pasaban luego a Andorra y de ahí a España. Cuando las autoridades de Estados Unidos descubrieron esta circulación del dinero, se lo comunicaron a la justicia portuguesa, que abrió las correspondientes diligencias por blanqueo de capitales, y ésta a la española.
El Confidencial señaló que el Gobierno de Maduro está preocupado por la causa y por eso tiene la intención de personarse en la misma a través de un bufete de abogados francés con el que ya ha entrado en contacto.
Peinado, sin embargo, aún no ha resuelto sobre este extremo, que permitiría al Ejecutivo venezolano acceder a toda la información sobre investigación que no esté bajo secreto de sumario a través de la figura de la acusación particular o popular.
El juez ya ha tomado declaración a varios investigados, como Luis Carlos de León -exresponsable financiero de Electricidad de Caracas, empresa pública dependiente de Pdvsa- o Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y una persona cercana a los ministros Rodríguez.
Ambos fueron detenidos hace más de un año en España en relación con la trama que dirige el juzgado de Houston, dado que se encuentran también en el centro de esa causa, que sigue procedimiento contra otras personas igualmente imputadas en España, como Rafael Reiter -exjefe de seguridad de Pdvsa- o Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández, entre otros.
