La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró este jueves nulo el nombramiento de una nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de CITGO, hecho realizado por el diputado de la Asamblea Nacional en desacato y de nulidad jurídica, Juan Guaidó, quien se autoproclamó como “presidente encargado” el pasado 23 de enero por órdenes del gobierno de los Estados Unidos.
“Esta Sala observa que el acuerdo (aprobado por la derecha este miércoles) es nulo de nulidad absoluta y carece de efecto jurídico por emanar de la Asamblea Nacional en desacato, y por subsumirle en lo dispuesto en el artículo 138 de la Carta Magna vigente, al darse la usurpación de funciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, expresa la sentencia leído por el magistrado Juan José Mendoza, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.
En este sentido, señaló que el acuerdo de la Asamblea Nacional – quien se encuentra en desacato desde el 2016 por no acatar las sentencias del TSJ – es una violación a la Carta Magna y “al sistema socioeconómico de la República” , además que “constituye otro asalto al Estado de derecho”.
Este miércoles, Guaidó — usurpando las funciones del Ejecutivo Nacional —, nombró a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser, como parte de una “nueva junta directiva” de CITGO, empresa sancionada de manera unilateral por la administración del presidente de los EEUU, Donald Trump; mientras que nombró a Simón Antúnez, David Smolansky, Carlos Balza, Ricardo Prada, Gustavo J. Velázquez, como miembros de una nueva Junta Administradora de Pdvsa.
Por esta razón, la Sala Constitucional decretó medidas cautelares para las personas nombradas por Guaidó, entre las que destaca la prohibición de salida del país, prohibición de enagenar bienes y el bloqueo de cuentas bancarias en el territorio venezolano.
De igual forma, instó a la Sala de Casación Penal del TSJ iniciar los trámites correspondientes para el traslado al territorio nacional de estas personas para que el Ministerio Público inicie las acciones para enjuiciar a la dirigencia por ejercer las “funciones” en las empresas petroleras estatales.
“Quienes aparecen allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funcionarios y otros delitos de acción publica, relativo a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo”, recalcó.
Ministerio Público
Más temprano, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció el inicio de investigacionescontra los ciudadanos nombrados como directivos de la estatal petrolera y su filial Citgo por parte de la AN en desacato.
Destacó que además se le abrirá una investigación a los embajadores designados por el diputado a la Asamblea Nacional venezolana en desacato y nulidad jurídica Juan Guaidó, autoproclamado “presidente interino” de Venezuela.
“Los mencionados aceptaron ser nombrados por un órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones. Grotescamente, este ciudadano autoproclamado hace designaciones circenses, que buscan satisfacer intereses extranjeros y generar desestabilización y violencia en el país”, indicó el fiscal.
Advirtió que los representantes designados por Guaidó sufrirán consecuencias legales debido a que el hecho podría considerarse como una conducta conspirativa contra la paz ciudadana y contra el orden constitucional de la nación.
“Todo lo que han hecho se basa en un estatuto inconstitucional que es un mamotreto jurídico. De manera ilegal y delictiva pretenden asaltar todos los poderes de la nación. Un usurpador, en un momento de delirio, se autoproclamó en una plaza leyendo una hoja en blanco”, enfatizó.
