La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debate en su sesión de hoy miércoles una solicitud del Ministerio Público para que se desestime una denuncia realizada contra el diputado Diosdado Cabello. Dicha denuncia fue formulada por Ricardo Haussman, quien demandó a Cabello por la presunta comisión de los delitos de revelación indebida de información de carácter personal, simulación de hecho punible, incitación al odio, incitación al pánico y zozobra de la colectividad e instigación a delinquir, según expediente N° AA10-L-2017-000009.
Tales delitos presuntamente los cometió Diosdado Cabello al divulgar en su programa Con el Mazo Dando un audio atribuido a Haussman y Lorenzo Mendoza. La conversación Haussman-Mendoza fue difundida el 14 de octubre de 2015. Haussman reconoce que tal conversación existió pero la misma “fue extensamente editada”.
El abogado José Amalio Graterol, apoderado de Haussman, fue quien denunció a Cabello ante el Ministerio Público. Niega que su cliente cometa delito alguno al hablar con Lorenzo Mendoza. “Se trata de dos ciudadanos conversando sobre la crítica situación económica por la que atraviesa Venezuela…y de la forma en que pueden ayudar previendo la posibilidad de un auxilio por parte de la comunidad internacional”, sostuvo el abogado de Haussman.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, solicitó a la Sala Plena, el 25 de enero pasado, desechar la denuncia contra Diosdado Cabello porque “no es posible iniciar un proceso penal en base a conjeturas o suposiciones particulares”. Ortega Díaz sostiene que Haussman no indicó en su denuncia “en qué consistió la supuesta instigación al odio, además de obviar en su escrito en que consistió la acción que denominan ‘incitación al pánico y zozobra de la colectividad’.
La fiscal, al plantear que se desestime la denuncia contra Cabello, advierte a los 32 magistrados de la Sala Plena que “las expresiones y señalamientos que efectúe cualquier funcionario a través de los medios de comunicación social, no pueden considerarse per se que configuran delito, ya que en principio resultan acordes al derecho a la libertad de expresión, que también le asiste a los funcionarios del Estado”. Al momento de escribir este avance se desconoce si la Sala Plena acogió o no la petición de Ortega Díaz.
