El Tribunal Supremo de Justicia solicitó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra y Tomás Guanipa, por supuestamente estar incursos en la comisión de delitos de estado, vinculados con el alzamiento cívico-militar fallido del pasado 30 de abril.
Aunque, a la hora de cerrar esta nota, la sentencia no se encontraba publicada en la página web del TSJ que respalda a la administración de Nicolás Maduro, el propio diputado y economista, José Guerra, confirmó su existencia y proclamó en sus redes sociales que continuará en la lucha por el rescate de la democracia y llamó a no desenfocarse en el trabajo diario de alcanzar este objetivo.
Como ha sido habitual, es posible que la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento controlado por el chavismo, se reúna de urgencia para considerar esta materia y, sin mayor trámite, proceda al allanamiento de las inmunidades de Guerra y Guanipa, el primero diputado por Caracas y el segundo por Maracaibo, ambos electos legítimamente en las parlamentarias de 2015.
Con Guerra y Guanipa, el número de diputados con la inmunidad parlamentaria -una prerrogativa constitucional- allanada llega a 22, en lo que parece una estrategia dirigida a inhabilitar al parlamento completo sin tener que suprimirlo.
El primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, sigue sin aparecer y se presume que está detenido, mientras otros parlamentarios permanecen ocultos o refugiados en embajadas. El quóum legal se está cubriendo con la incorporación de suplentes.
