Con el objetivo de que los crímenes cometidos por representantes del gobierno de Nicolás Maduro no queden impunes fuera de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional (AN) se prepara para que los implicados, más allá de ser sancionados, sean detenidos y puestos a la orden de tribunales.
Pedro Troconis, magistrado de la Sala de Casación Penal, explicó que el Poder Judicial, basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocida como Convención de Palermo, planea que se abran investigaciones contra quienes hayan incurrido en delitos como narcotráfico o legitimación de capitales.
“La finalidad es que se logren las órdenes de aprehensión contra quienes sean denunciados y hallados culpables”, explicó Troconis en declaraciones exclusivas para El Nacional Web.
Para poner en marcha sus planes, el TSJ, que no pudo instalarse en su sede natural, ubicada en la avenida Baralt, al centro de Caracas, tomará posesión el 13 de octubre en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), situada en Washington, Estados Unidos.
Troconis reveló que la decisión se tomó por consenso entre los juristas, que consideraron a la OEA como un organismo imparcial, con una cantidad de Estados considerable y que les permitirá emitir los acuerdos que estimen necesarios para que arranquen los procedimientos.
Resaltó que trabajarán en equipo con organismos internacionales y fiscalías de países donde se encuentren evidencias de posibles delitos en los que se vean incurridas autoridades venezolanas.
“Si se detectan viviendas o cuentas bancarias y se determina que pertenecen a sancionados o testaferros, se hará la denuncia formal para que se inicie un proceso penal en el país donde hayan ocurrido los delitos”, argumentó.
Si finalmente un juzgado concluye que se debe condenar a los procesados, inmediatamente, según la Convención de Palermo, deben ser encarcelados. En caso de estar en un país distinto al que los sentenció, tampoco tendrían escapatoria.
“La consecuencia inmediata es solicitar una orden de aprehensión y la emisión de alerta roja en Interpol. Quedarían confinados en Venezuela, porque nada más al salir, los países estarían obligados a detenerlos y procesarlos”, aclaró.
Recientemente Canadá sancionó a 40 funcionarios del gobierno venezolano, entre los que se encuentra el propio Maduro, presidente de la República; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Páz; Tarek El Aissami, vicepresidente de la República; Delcy Rodríguez, presidenta de la asamblea nacional constituyente ilegítima, y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Previamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también castigó a 34 empleados de la administración de Maduro, como los constituyentes Iris Varela, Erika Díaz, Carmen Meléndez y Hernán Escarrá.
Las sanciones prohíben realizar operaciones financieras, como hacer transacciones o comprar deudas y bonos de la empresa estadal Petróleos de Venezuela.
Alertas por crímenes de lesa humanidad
En paralelo a las investigaciones por narcotráfico y legitimación de capitales, Troconis agregó que el TSJ también maneja denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios venezolanos.
Detalló que existen investigaciones contra Nicolás Maduro, así como Gustavo González López, jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y Diosdado Cabello, miembro de la ANC fraudulenta, por persecución política y represión contra manifestaciones opositoras.
En ese sentido, el TSJ velaría porque se cumpla lo establecido en el Estatuto de Roma, que pena delitos como la persecución política, crímenes de guerra y genocidio.
A mediados de septiembre, Zair Mundaray, director general de Actuación Procesal y tercero en la cadena de mando del Ministerio Público, adelantó para El Nacional Web que su institución maneja expedientes que pueden servir como evidencia para los expedientes que han presentado ante la CPI.
“Hay elementos que permitirían que haya acciones por la comisión de hechos punibles”, aseguró.
Diego Arria, ex embajador de Venezuela, también advirtió que la ONU, OEA y CPI pudieran unir esfuerzos, en una acción sin precedentes, para no dejar impunes a violadores de derechos humanos del gobierno de Maduro.
“Se convertirían en criminales internacionales”, alertó.
Y al igual que con la Convención de Palermo, los Estados suscritos al Estatuto de Roma estarían en obligación de aprehenderlos y ponerlos a la orden de la CPI.
Por ello, independientemente de si se ven salpicados por el Estatuto de Roma o la Convención de Palermo (que son tratados distintos entre sí), los culpables acabarían ante los juzgados. “Venezuela está suscrita a ambas convenciones y ambas prevén aprehensiones y que sean puestos a derecho”.
Las cifras
147 Estados están suscritos ante la Convención de Palermo (contra delincuencia organizada trasnacional), mientras que 121 integran el Estatuto de Roma (DD HH). Venezuela firmó ambos tratados, por lo que está sujeta a darles cumplimiento.
