Diversas reacciones generó el aumento salarial decretado por el Ejecutivo el pasado 31 de diciembre, en el caso del sector empresarial fue rechazado por inflacionario.
En este sentido, la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, rechazó la medida y expresó que “se diluye en la estructura de costos de cualquier empresa… sabemos que un aumento de sueldo implica: más inflación, más problemas, más desabastecimiento, más complicaciones para ejercer nuestras funciones regularmente”.
Por su parte, el titular de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, estima que viola los acuerdos con la OIT porque no se hizo por consenso y “trata de corregir las consecuencias de una hiperinflación sin atacar las causas”.
Aseguró en entrevista radial que la solución a la crisis económica actual no es “aumentar el salario de forma unilateral que no este enmarcado en políticas anti-inflacionarias”.
En cuanto a la medida gubernamental de retornar al pago del beneficio alimentario en papel aseguró que es “volver a un mecanismo totalmente obsoleto” porque provoca retraso en el “proceso de pago” en los supermercados, además añadió que es necesario que el gobierno “aborde” las causas que “originan los problemas económicos”.
Entre tanto, el coordinador General de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, anunció que en los próximos días presentarán ante la ANC, la Ley de Protección del Salario por vía de los CLAP y la Ley de los Consejos Productivos de los Trabajadores.
