Todas las estaciones recaudadoras de peajes del territorio nacional serán reactivadas por ordenes del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, quien dio a conocer la resolución N°032, a través de la Gaceta Oficial N° 41.388, publicada el 2 de mayo del 2018.
El texto señala, en su artículo 1, que “los gobernadores y gobernadoras quedan autorizados a realizar las gestiones necesarias para la reactivación y puesta en marcha de dichas estaciones recaudadoras ubicadas bajo su jurisdicción, en óptimas condiciones”.
También establece que solo será cobrada la tarifa de ingreso a cada estado, quedando exonerado el pago al salir de la entidad.
En el decreto se exhorta a los órganos y entes tanto públicos como privados a dar fiel cumplimiento a dicha medida.
A su vez, afirma que la cartera de transporte es el órgano encargado de velar por el control, inspección y supervisión de todo el sistema de vialidad nacional, y quien definirá los criterios para la determinación de los costos de la tarifas en cada peaje del país.
En el estado Carabobo, estos centros fueron activados a principios de año con la autorización del gobernador de la entidad, Rafael Lacava, quien aseguró que los recursos obtenidos serían destinados al mantenimiento de las autopistas y demás vías de la región.
La Gaceta Oficial del estado Carabobo N° 6.602, quedó fijada la taifa de Bs 5 mil para los vehículos livianos, que comprende automóviles, camionetas, pick-up, rústicos, así como los microbuses de 16 a 32 pasajeros y autobuses con más de 32 pasajeros. Mientras, los vehículos de carga liviana (350, grúas, remolques y similares) cancelan Bs 15 mil.
Cerrados. Estas instalaciones recaudadoras fueron eliminadas por el presidente, Hugo Chávez, en enero de 2008, cuando calificó los peajes como “un abuso a la población”, debido a la inexistencia de vialidad alterna que le permita a los usuarios una opción si no querían pagar el importe. En aquel momento fueron cerrados unos 42 puntos. Las autoridades de Infraestructura y Defensa aseguraron que dicha medida buscaba “garantizar a los usuarios el libre tránsito por la red vial”.
