El escenario social que dibuja la nutricionista Susana Raffalli, asesora de Cáritas de Venezuela, no es precisamente el más optimista. Si no se producen cambios reales de políticas, la actual emergencia humanitaria compleja que padece el país se convertirá en una emergencia persistente, enquistada y olvidada, sin pronóstico de solución en el corto plazo y con elevados costos fiscales y productivos en el futuro.
Con base en cifras del sistema de monitoreo social «Centinela» de Cáritas Venezuela, que sigue la situación de inseguridad alimentaria y precariedad en la parroquias más pobres del país, Raffalli apunta que 35,1% de los niños menores de cinco años tiene síntomas de desnutrición crónica, lo que significa que estos menores presentan rezagos en cuanto a talla, desarrollo cognitivo y afectivo.
Además, establecíó que 4% de los niños atendidos por Cáritas en las parroquias más pobres y densamente pobladas del país presenta desnutrición grave con riesgo para sus vidas. La población de infantes menores de 5 años con desnutrición aguda alcanzó a 15,6% en octubre y puede cerrar el 2019 en 13,8%.
Raffalli explica que un niño con desnutrición en sus primeros 1.000 días de vida, «corre el riesgo de padecer enfermedades metabólicas de adulto que van a significar en los próximos 20 años un gasto adicional de 34 dólares por paciente en comparación con la población que no padeció desnutrición en la infancia. El costo de largo plazo, como porcentaje del PIB, que genera la desnutrición se estima entre 7% y 13% del PIB, a partir de los años de escolaridad perdidos, los costos estatales de salud y otras variables que se utilizan para construir el modelo econométrico».
Según los números del programa «Centinela» de Cáritas de Venezuela, 26% de los menores de 5 años residentes en las parroquias más pobres de las ciudades más densamente pobladas que no monitoreados por la ONG de acción social de la Iglesia Católica ya presentan rezagos derivados de la desnutrición con efectos permanentes.
– Privación y subalimentación –
La nutricionista Susana Raffalli destacó la más reciente información de la FAO, de Naciones Unidas, según la cual Venezuela acumuló, entre 2016 y 2018, un índice de subalimentación de 21,2%, de lejos la mayor crisis alimentaria de la región, frente al 6,5% promedio de América Latina y el Caribe, y el 5,4% de Suramérica.
La especialista señaló que no debe confundirse subalimentación con desnutrición, ya que el indicador de la FAO indica el nivel de insuficiencia de la oferta alimentaria en el país. «Esto quiere decir que si usted reparte la oferta total de alimentos de manera similar para toda la población, hay un 21,2% de personas que no podrían comer. Hemos hecho análisis que indican que si el salario mínimo se aumentara a los 2 dólares diarios que establece la ONU, la crisis alimentaria en Venezuela sería aún más grave».
Raffalli apunta que el deterioro de la oferta de alimentos en Venezuela comenzó a deteriorarse en 2012, por lo que no es responsabilidad de las sanciones internacionales ni de ningún otro evento reciente, sino de políticas que atentaron contra el aparato productivo.
Igualmente, en Venezuela hay un elevado porcentaje de la población que padece privación alimentaria -menos comidas diarias, baja calidad e ingesta de alimentos no satisfactorios-, una condición que alcanzó hasta 87% de la población en 2017 y que ha vuelto a subir «abruptamente» en 2019.
Entre otros factores que explican esta situación de deterioro en el acceso a los alimentos está la caída dramática de la cobertura de programa de cajas CLAP, que llegó a tocar a 93% de los hogares en 2017, pero que ahora alcanza, y no de manera regular, a 48%.
– 2020 sin cambio –
Susana Raffalli señaló que, en un escenario sin cambio político, 2020 será un año de consolidación de la emergencia humanitaria, con algunos síntomas de extrema gravedad, por lo que insistió en que las organizaciones de apoyo deben trascender las estrategias de socorro para llegar a programas integrales de protección.
A su juicio, el entorno social estará caracterizado por:
– El paso de una emergencia humanitaria compleja a una emergencia humanitaria enquistada y sin vías de solución.
– La precariedad humanitaria como «nueva normalidad».
– El paso de un Estado frágil hacia un Estado fallido, aparentemente incapaz de brindar las prestaciones sociales y de servicios esenciales a la población.
– La resiliencia sobre una base económica, social y ambiental frágil.
– Necesidades crecientes de socorro en simultáneo con planes de protección.
En términos de sobrevivencia el país se hará más dependiente de las remesas. De hecho, según los estudios de Cáritas, 61% de las familias pobres tiene algún familiar en el exterior que envía recursos; sin embargo, Susana Raffalli señala con claridad que el escenario más probable es un mayor deterioro de las condiciones sociales de la mayoría de la población, con secuelas muy graves para la convivencia y la estabilidad del país.
La especialista y activista hizo un llamado a incentivar programas de ayuda y fortalecimiento de las redes de apoyo en Venezuela, así como a mantener la emergencia humanitaria en la agenda nacional e internacional. «Me preocupa que la ayuda humanitaria internacional y el interés de los medios de comunicación decaigan, porque además de enquistada, nuestras emergencia humanitaria también puede pasar a ser olvidada».
