El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), diputado Rafael Guzmán, denunció que el origen de los ataques del gobierno a la banca privada es con la intención de apropiarse de la otra gran fuente de ingresos que puede tener el país como son las remesas familiares que se envían desde el exterior, ante la merma de ingreso por la caída de la producción petrolera.
Así lo afirmó el parlamentario en rueda de prensa donde señaló que esa es la intención que tiene el gobierno, lo cual se evidencia con su intervención a la entidad bancaria Banesco, víctima de la política de dominación gubernamental.
En este sentido, indicó que esta política de apropiación de la banca privada, junto con las malas operaciones que se efectúan en la banca pública, coloca a Venezuela al borde de un colapso del sistema de pagos.
Guzmán aseveró que este año las remesas familiares que ingresarán al país rondan los 4 ó 5 mil millones de dólares y a este ritmo pronto se superara el ingreso petrolero.
Indicó el parlamentario que a través de la plataforma de Banesco se realizan el 40% de las transacciones financieras del país, ya que tiene el 25 % de la cartera crediticia nacional y el 20 % de los depósitos de toda la banca.
Reiteró sus señalamientos de que toda la banca está estatizada por estar controlada en buena medida por el Ejecutivo y ahora intervienen Banesco, argumentando supuestos delitos financieros cuando en realidad lo hacen en el marco de una política de dominación para crear zozobra entre los ahorristas provocando grandes corridas bancarias.
“Lo que hace el gobierno hoy con los bancos es lo mismo que hicieron en materia de alimentación. El gobierno persigue, amedrenta y domina. Así como hicieron con la comida interviniendo a puertas abiertas cadenas de supermercados y al cabo de unos meses todas estaban desabastecidas y el plan de acción fue la caja Clap”, afirmó Guzmán.
Consideró errada la intervención a Banesco en el marco de una supuesta actuación judicial argumentándose la ejecución de delitos a través de cuentas bancarias. “Un banco se interviene por falta de liquidez o solvencia financiera, pero si son delitos financieros los que se cometen Sudeban y la Fiscalía deben actual de forma puntual, y si hay responsabilidad penal individual debieron haber congelado cuentas individuales y si identifican vínculos con funcionario bancarios, ir contra ellos y no crear angustia entre los clientes”, precisó el legislador.
Puntualizó el desacuerdo que tiene la Asamblea Nacional con la realización de más nacionalizaciones, pues ha quedado evidenciado el fracaso en actuación del Estado empresario donde nada de lo que expropia ha funcionado.
Reconversión inviable
En relación al tema de la reconversión monetaria que será abordado mañana en la plenaria, reiteró su advertencia de que es absolutamente inviable porque se deben movilizar en menos de un mes 10 mil millones de piezas, de las cuales 6 mil millones son del cono monetario saliente y 4 mil millones de la nueva moneda.
“Hasta ahora no hay un solo banco con una pieza nueva para poder adaptar al nuevo cono su sistema bancario, informático o los cajeros, ni se ha iniciado el traslado de los billetes a los lugares más recónditos del país”, indicó el diputado, y por ello consideró imposible la puesta en marcha de la reconversión.
A su juicio, las actuaciones económicas del gobierno son para distraer la atención de lo que sucede y no se sepa que él es el único responsable de la crisis que estamos viviendo y poder avanzar en su plan de dominación.
Otra de las estimaciones del parlamentario es que con la hiperinflación actual y la proyectada para el resto del año, a la entrada en vigencia del nuevo cono, éste ya habrá perdido valor y para diciembre la merma del poder adquisitivo de esta nueva moneda estará rondando el 80 %.
Añadió el legislador que la Comisión de Finanzas pidió suspender la entrada en vigencia de este cono, convencidos que debe haber una nueva moneda, pero no en un país con hiperinflación.
Precisó, finalmente, que primero debe entrar en vigencia una nueva política fiscal y cambiaria.
