En marzo pasado, a pocos días de las elecciones presidenciales y de consejos legislativos, el PSUV anunció la creación de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, a la que definió como “un nuevo modelo de unidad superior para la defensa de la nación”. Representantes de ONG y de consejos comunales advierten que la intención no es enfrentar las amenazas de recolonización de Estados Unidos, como pretende hacer creer el gobierno, sino identificar al “enemigo interno” y profundizar el control social.
En el portal web del PSUV se especifica que a través de las unidades de batalla Bolívar Chávez, los dirigentes sociales deben desarrollar una estrategia de comunicación política que incluya “la identificación clara del enemigo histórico, el fortalecimiento de la unidad para derrotarlo y la voluntad máxima de lucha en su contra”.
“Maduro quiere convertir al líder de la comunidad en un sapo para reprimir a sus propios vecinos en la defensa de sus derechos. Se enfrentarán, sí, pero al que reclame por servicios públicos y alce su voz”, alertó Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea.
Acceso a la Justicia aseveró que se trata de una nueva arma política que utilizará el Ejecutivo para obtener votos. “Es una acción desmedida que realizarán los simpatizantes del PSUV, en forma de vigilantes o espías al interior de sus comunidades, para amenazar a todo aquel que se oponga a los intereses del régimen chavista madurista”, dijo.
Estas opiniones fueron respaldadas por el integrante de un consejo comunal en el oeste de Caracas, que prefirió no dar su nombre. Indicó que esta red surgió de reuniones entre representantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y de la plataforma Somos Venezuela, creada por el gobierno con fines electorales. El propósito, añadió la fuente, es detectar quiénes se oponen y quiénes apoyan a Nicolás Maduro, ante la inminencia de los comicios del 20 de mayo.
Para materializar la propuesta, el Estado Mayor de Caracas ordenó hace aproximadamente un mes a los comités de Luchas Populares realizar un censo en las comunidades, el cual fue acatado por los jefes territoriales y de calle. “El PSUV mandó a hacer un ‘casa por casa’ y preguntar la preferencia política. A la comunidad se le dijo que era para saber cuántos votos movilizaría el partido en las elecciones, pero la realidad es que la data servirá para acusar a la gente y quitarle las bolsas de comida. Había tres opciones en la planilla: voto duro, que son los resteados con Maduro; voto blando, que refleja a los no están seguros de sufragar, y voto opositor. Como los jefes de calle conocen su comunidad, pudieron precisar quiénes eran maduristas y quiénes no se identificaban con el proceso. Quieren obligarnos a ser espías”, narró el vocero comunal.
Una vez digitalizadas las planillas y remitidas al Estado Mayor, se revisaron con detalle para, a partir del 21 de mayo, comenzar a depurar la lista de las personas que reciben el CLAP. En una reunión con el concejal del PSUV, William Contreras, el jueves pasado, la orden fue “no tocar” los votos blandos ni los de quienes se oponen al gobierno sino hasta después de las elecciones, cuando negarán las bolsas de comida y otros beneficios del carnet de la patria a quienes se hayan manifestado en contra del gobierno.
“Más peligroso”. La Red de Articulación y Acción Sociopolítica no es el primer mecanismo de vigilancia que impone el Estado. En 2008, Hugo Chávez creó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, denominada por la oposición como la Ley Sapo. Con esta normativa, el gobierno obligaba a cualquier persona a cumplir labores de inteligencia si así lo solicitaban las autoridades, de lo contrario, serían procesadas penalmente. Ese mismo año, Chávez la derogó.
En 2011 el gobierno comenzó a utilizar formalmente la figura del “patriota cooperante” con la cual una persona se infiltraba entre los opositores y los vigilaba, para luego acusarlos ante las autoridades. Durante las protestas de 2017, esta práctica se recrudeció con la actuación de los funcionarios de seguridad, quienes irrumpieron en la propiedad privada de los que manifestaban, después de recibir llamadas o mensajes de los cooperantes.
“Debemos advertir que la RAAS, ideada en época de elecciones, se concibe como un grupo de inteligencia de ciudadanos mucho más peligroso que los anteriores modelos, pues pretende imponer un método de hostigamiento político sistemático más radical y efectivo contra cualquier persona que sea adversaria al gobierno con el fin de coadyuvar y preservar la revolución bolivariana a toda costa”, señaló Acceso a la Justicia.
Destacó que Maduro niega la vigencia de la Constitución al desconocer la dignidad humana, la paz y el pluralismo político estipulados en el artículo 2. Además, atropella la privacidad, prevista en el artículo 60 de la Constitución, así como la libertad de pensamiento y el derecho a participar políticamente.
Medición de fuerzas. Hace 20 días, la plataforma Somos Venezuela instaló 10 mesas técnicas, denominadas Gobiernos de Calle, en conjunto con los CLAP, para restarles competencias a los consejos comunales, afirmó uno de sus integrantes. Indicó que se violaría la Ley de Consejos Comunales que se sancionó en 2006, cuando Maduro presidía la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la fuente, el gobierno se dio cuenta de que la mayoría de los consejos comunales se oponen a su política por lo que decidió crear otro mecanismo social que garantice el control en los sectores.
“Cuando los CLAP aparecieron, se abolieron los consejos comunales. Nos quitaron las responsabilidades para que no tuviéramos cómo discutir o solucionar los problemas de nuestra gente, que fue la verdadera razón por la que se crearon”, precisó el vocero.
