El equipo multidisciplinario que elabora una serie de propuestas para la reactivación económica del país plantea el fortalecimiento el sistema financiero a través de la fusión de la totalidad de los bancos propiedad el Estado (incluidos los bancos especiales y microfinancieros).
Destaca que la tesorería de la institución que surja producto del proceso estaría en conexión directa con la Tesorería Nacional. Igualmente, sugieren poner en funcionamiento el Órgano Superior Financiero previsto en la Ley Orgánica vigente.
En lo legal, agregan que se debe modificar la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público con el propósito de establecer que todos los fondos y activos monetarios del Estado, sea cual sea su origen, tipo, cualidad, moneda venezolana de expresión, formato de emisión y destino, administrados por cualesquiera de los niveles político-territoriales y de las ramas del Poder Público en todas sus instancias incluidos los fideicomisos, otros encargos de confianza y los fondos autoadministrados, estén depositados en ese único banco del Estado. Especifican que el BCV debe asumir el control de la política monetaria, cambiaria y fiscal, mediante el liderazgo en el diseño e instrumentación de las estrategias para activar su coordinación.
En este contexto plantean la creación de un Comité Permanente de Seguimiento y Coordinación de variables económicas.
En lo que se refiere al ámbito tributario estiman necesario establecer el ISLR con base de cálculo del porcentaje de ganancia con respecto de las ventas o de los activos, desplazando el impuesto tradicional sobre el monto de la ganancia, con el objetivo de neutralizar los efectos del abuso de posición de dominio, la especulación cambiaria y comercial, de las patentes y marcas así como de las manipulaciones tanto contables, como jurídicas.
Con respecto a la recaudación del tributo señalan que debe ser mensual, apuntan que esto incidiría notablemente en la disminución de los márgenes de ganancia de los comerciantes e industriales.
También consideran pertinente la implantación del Impuesto de los activos improductivos y de los grandes patrimonios, además de crear el impuesto de las transacciones financieras de alto valor.
Los expertos no consideran pertinente el desmontaje del control de cambio, por el contrario señalan la necesidad de consolidarlo suspendiendo la asignación de divisas públicas a empresas privadas, destinando las disponibles para importaciones directas de bienes esenciales por el Estado y la restricción de la libre convertibilidad del bolívar soberano, además de establecer mecanismos de administración de moneda extranjera que respondan a las necesidades prioritarias de la población venezolana y de las políticas económicas del Gobierno.
Al referido equipo de trabajo pertenecen José Gregorio Piña, Antonio Boza y David Paravisini, entre otros.
