Un grupo bipartidista de senadores presentó ante el Senado de Estados Unidos la denominada Ley «Bolívar», la cual establece sanciones para cualquier empresa estadounidense o internacional que haga negocios con el gobierno de Nicolás, al extremo de llegar a prohibir a cualquier agencia federal estadounidense tener cualquier relación con la entidad que sea señalada.
Esta es una suerte de Ley Helms-Burton -la Ley que prohibe hacer negocios con el régimen castrista en Cuba- aplicada a Venezuela. La norma es impulsada por los senadores Marco Rubio, Rick Scott, Jacky Rosen y Thon Tillis.
Rubio señaló que la crisis en Venezuela «la provocó Nicolás Maduro y sus secuaces» y detalló que los contribuyentes «no deben darle ni un centavo al régimen asesino».
Esta norma, de ser aprobada, reforzaría al extremo el régimen de sanciones imperante contra el gobierno de Venezuela, pero va en contravía de un posible relajamiento de la presión sobre Maduro que tendría en mente el ejecutivo del mandatario Joe Biden, quien supuestamente buscará «internacionalizar» la cuestión venezolana.
Parece complicado, por ejemplo, que la Unión Europea apoye una norma como la Ley Bolívar, después que objetó la Helms-Burton y logró un compromiso de Washington para que la polémica norma no se aplicara a empresas de la comunidad, lo que, por lo demás, convirtió a la Ley en un instrumento prácticamente inútil, ya que históricamente Cuba ha atraído fuertes inversiones de compañías del viejo continente.
Por su parte, Scott dijo que «me enorgullece liderar junto a mis colegas este importante trabajo y prohibir que todas las agencias federales hagan negocios con quienes apoyan al dictador venezolano. No podemos quedarnos al margen», dijo.
La Ley Bolívar tiene, según sus proponentes, un amplio rango de acción, porque prohíbe a cualquiera de las agencias federales de EEUU conceder contratos a empresas que hacen negocios con el chavismo.
Además, la prohibición no solo se aplica a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley y no afectará a ningún negocio con la Asamblea Nacional que reconoce EEUU.
También proporciona las excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para negociar con Venezuela.
Por último permite al secretario de Estado «concluir la restricción cuando sea de interés nacional para los Estados Unidos».
Fuente: Banca y Negocios
