El primer discurso de la nueva Junta Directiva de Fedecámaras atina en un tema que resulta, más que una enorme deuda en el país, una necesidad de principios fundacionales para una sociedad moderna: las instituciones alineadas con el progreso y bienestar.
Incluso la propuesta gremial va más allá y asoma la necesidad de compatibilizar los bienes sociales de eficiencia y equidad sin concebirlos, desde el inicio del diseño de las políticas públicas, como excluyentes entre sí, y, en consecuencia, sin forzar conflictos artificialmente creados en todas las ocasiones y evitando «falsos positivos» que destruyen bienestar social sin necesidad, porque no siempre estamos frente a casos tipo suma cero o sin que se pondere que existen instrumentos de políticas públicas específicos para cada tipo de objetivo social.
Efectivamente, el desempeño de las economías y sus condicionantes no se reducen única y exclusivamente a las estructuras de los mercados, las características de la demanda, la caracterización de la oferta y la forma de la competencia en el mercado que determina la acción positiva y estratégica de los productores y oferentes.
Igualmente resulta transcendental el marco institucional, tanto formal como informal, que influye sobre el proceso de toma de decisiones, la coordinación de los agentes económicos y la eficiencia por medio de la cual interactúan en el mercado con la posibilidad de multiplicar o, por el contrario, desincentivar y reducir los intercambios voluntarios y las actividades económicas generadoras de bienestar y progreso.
La definición y defensa creíble de instituciones jurídico-económicas, como derechos de propiedad, aunadas al desarrollo de un Estado del Derecho que incentive la multiplicación de acciones privadas creadoras de bienes, servicios y bienestar y que, por otra parte, disuada comportamientos oportunistas ex ante y corrijan los problemas derivados de las externalidades negativas ampliamente entendidas -como eventuales pérdidas de eficiencia y bienestar producto del ejercicio de una posición de dominio-, constituye un marco institucional necesario e imprescindible para crear bienestar, empleos, incentivos y círculos virtuosos de riqueza.
Mal puede pensarse que exclusivamente una política de redistribución basta, si no se crea riqueza. Tal “ingenuidad” cuando no es producto de la imposición forzosa de un modelo expoliador –por demás insostenible en el tiempo- no puede sino conducir a una “redistribución” de pobreza, con elevadísimos costos de oportunidad para la sociedad en términos muy concretos de acceso a medicamentos, alimentos, empleos y creación de actividades económicas, etc.
En el discurso de la nueva Junta Directiva de Fedecámaras se llegó más allá. Se asomó la necesidad de crear espacios de análisis económico del Derecho y el costo-beneficio de regulaciones, normas y políticas públicas, que permitan advertir a la sociedad sobre los enormes riesgos y costos de las fallas de Gobierno.
Así las cosas, se asegura que se requiere, para el rescate del país, incorporar análisis microeconómicos técnicos, objetivos y políticamente inocuos, para lo que se demanda recursos humanos y técnicos indispensables para llevarlos a cabo. Dicho reto resulta fascinante y el país espera ver el paso del discurso a los hechos y a la producción propositiva e intelectual sobre las instituciones, el marco regulatorio, de políticas públicas y microeconómicas que requiere el país y respecto a las que se requiere derogar.
Más allá, dicha iniciativa debería reflejarse en la proliferación no de un solo espacio, sino de diversas instancias donde se realice Law & Economics, análisis microeconómicos de las regulaciones y de las políticas públicas.
Las sociedades que han progresado son aquellas que cuentan con marcos institucionales que incentivan y facilitan la proliferación de intercambios libres generadores de bienestar, inversiones productivas, generación de empleos, corrección de fallas de mercado y de Gobierno, y que facilitan la creación de mercados que funcionen de manera adecuada.
Resulta maniqueo y falaz el conflicto entre propiedad privada, economía de mercado, sistema de precios, libre iniciativa y competencia con el objetivo de la equidad. La historia, nuestra propia historia, así lo evidencia crudamente.
Requerimos instituciones económico-jurídicas, así como un entramado legal y un diseño de regulaciones y políticas públicas más consecuentalista. Lo anterior justamente implica empoderar al consumidor, a la sociedad, y promover la eficiencia económica como bien social, mientras se reduce el poder discrecional –por lo general utilizado en su favor- que políticos hacen de la administración pública, en función de generar mecanismos de check and balance técnicos, robustos y más difíciles de malipular, producto de oportunismos y problemas de Agencia.
