796.838 venezolanos estaban oficialmente contabilizados en Perú para el pasado 15 de mayo. En un año, ese número aumentó en 136.058 migrantes y desde 2016 el incremento fue de 687.060; sin duda, para el gobierno del país andino esta situación representa un verdadero problema en muchos sentidos.
Más allá de los problemas económicos y la presión sobre la infraestructura de servicios, especialmente los de educación y salud, el gobierno peruano está presionado por la opinión pública. En muchos medios peruanos se asocia el incremento de la criminalidad con la ola de venezolanos que ingresan al territorio.
Obviamente, esta no es una hipótesis siquiera aceptable, más allá de algunos casos puntuales que han generado polémica y escándalo, pero la clase política peruana, golpeada por las denuncias de corrupción y el descontento general porque el crecimiento de la economía no se ha traducido en menos desigualdad social, ha cedido y poco a poco se han ido tomando medidas para impedir la presencia de venezolanos.
El presidente Martín Vizcarra, un mandatario en una posición política precaria, tomó decisiones polémicas la semana pasada, como exigir pasaporte vigente y una visa «humanitaria» para ingresar al territorio peruano.
Además, se estableció que la excepción que permitía a las empresas emplear sin límites a migrantes venezolanos desapareciera. Ahora, aplicará la misma normativa que para el resto de los extranjeros; las empresas peruanas no podrán emplear a venezolanos por encima de 20% de su nómina.
Por lo tanto, la ONG Unión Venezolana en el Perú, presidida por Oscar Pérez, solicitará excepciones para las nuevas normas de ingreso y fundamentará su petición en que en Venezuela es «prácticamente imposible» obtener pasaportes, porque el organismo que los entrega, el Servicio Administrativo de Identifiación, Migración y Extranjería (Saime), no los suministra, o si lo hace, el proceso es lento y largo.
Pérez, según una nota publicada por Gestión, denuncia que en Venezuela funcionan «mafias» que controlan el «negocio» de los pasaportes y que cobran hasta 5.000 dólares por el documento.
«Nos preocupan las medidas dictadas en Perú por lo difícil que resulta tramitar un pasaporte en Venezuela. Para que tengan un idea: tramitar un pasaporte puede llegar a costar entre 2.000 y 5.000 dólares, cuando la situación en Venezuela sigue agravándose de una manera dramática, pero también comprendemos la naturaleza de esta decisión ya que el presidente tiene que mantener la seguridad y el orden interno del país», dijo Pérez a la prensa local.
La excepción que la Unión Venezolana solicitará a la administración Vizcarra consiste en demandar que los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y enfermos crónicos puedan ingresar al Perú con sus cédulas de identidad y partidas de nacimiento, porque se trata de «la población más vulnerable».
Pérez, según la nota de Gestión, señala que «un medico en Venezuela está ganando alrededor de 20 dólares al mes, mientras que una persona de escasos recursos tiene un salario que está por el orden de los 7 dólares mensuales, por lo que jamas va a poder tener pasaporte».
Este lunes 10 de junio, la ONG va a introducir esta solicitud ante el despacho de Interior del gobierno del Perú.
