La Organización de los Estados Americanos (OEA) cerró ayer sus audiencias públicas sobre Venezuela a la espera del informe final de los expertos, que determinarán si hay base para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En las dos sesiones de se escuchó el testimonio de padres cuyos hijos fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” en el marco de las protestas antigubernamentales, así como el de políticos y un ex fiscal que denunciaron la “persecución” del gobierno.
“Hoy hemos escuchado a familiares, padres y madres con hijos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, personas que estaban manifestándose y recibieron, según lo que planteaban en las audiencias, en un caso el ataque de una bomba lacrimógena, un joven de 20 años y uno de 14”, explicó a Efe tras las sesiones el ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón.
El abogado argentino es uno de los tres expertos que han moderado las audiencias y elaborarán en el próximo “mes o mes y medio” las recomendaciones sobre si hay fundamento para llevar a las autoridades chavistas ante La Haya.
Lo acompañan en ese panel independiente el ex ministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), todos ellos nombrados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, impulsor de esta iniciativa.
En las sesiones, subrayó Cantón, también se escucharon casos de “persecución política, concentrado en el Poder Legislativo (de mayoría opositora desde enero de 2016), pero también de alcaldes”.
Además, el ex fiscal del Ministerio Público Franklin Nieves denunció “amenazas a jueces y fiscales para actuar de la manera que quería el gobierno”, recuerda el abogado.
Estas denuncias “van en la línea de algunos de los crímenes del Estatuto de Roma, que es con el que se guía la fiscalía de la CPI”, indica Cantón.
La CPI considera crímenes de lesa humanidad los “ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil y enumera taxativamente los crímenes en los que tiene jurisdicción: asesinato, tortura, desaparición forzada, persecución política”, explica.
Almagro, impulsor de la insólita iniciativa de las audiencias, se ausentó de nuevo de las sesiones, como ya hizo en las anteriores, celebradas en septiembre y octubre.
A la misma hora que comenzaban en la OEA las audiencias, el ex canciller uruguayo participaba en la entrega del premio de derechos humanos Robert F. Kennedy al director de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero.
En ese foro, Almagro dijo, en declaraciones a Efe, que la decisión de la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz de denunciar hoy al gobierno de su país por crímenes de lesa humanidad ante la CPI fortalece el proceso en la OEA.
“Será de extrema utilidad para los expertos” de la OEA, opinó el ex canciller uruguayo, quien destacó que el paso dado por Ortega es “muy importante”, especialmente por la posición que ocupó en las instituciones venezolanas.
Aunque él no acude a las sesiones, miembros de la Secretaría General son los encargados de tomar nota para la elaboración de un informe final, que debería estar listo antes de que termine el año, si bien aún no hay una fecha concreta, explicaron a Efe fuentes de la OEA.
En paralelo, el panel de expertos, encargados de hacer las preguntas en las audiencias, elaborará sus recomendaciones, es decir, si consideran que hay o no base para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad en La Haya.
Ellos moderan las sesiones desde octubre, cuando el ex fiscal jefe de la CPI Luis Moreno Ocampo, el que diseñó el proceso de las audiencias como asesor especial de Almagro, dejó de estar a cargo de la iniciativa por unas informaciones en prensa que siembran dudas sobre su trabajo en la CPI y sus finanzas.
La misión de Venezuela en la OEA, tras esa polémica, denunció que “desde el principio, la operación sufre de falta de integridad por parte de sus líderes” y condenó la iniciativa como un nuevo “abuso” del organismo cometido por Almagro, ya que ha organizado las audiencias sin someterlo a consideración de los Estados miembros en el Consejo Permanente.
La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría simplemente enviar la información él mismo, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina u, hoy mismo, la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
