El presidente Nicolás Maduro, anunció hoy que la Constitución que debe surgir de la asamblea nacional constituyente que se elegirá el próximo 30 de julio incluirá mecanismos para establecer una mayor regulación de precios en el país.
“La primera acción que debe hacer la constituyente es encarar directamente la guerra económica y voy a proponer en este reglamento de carácter constitucional que se le dé carácter legal a nivel constitucional a los CLAP”, afirmó Maduro en referencia a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El mandatario nacional aseguró que espera dotar a los CLAP de “un poder especial para ir” a la “batalla por la regulación de los precios”.
“Es una propuesta que ya tengo lista”, dijo el presidente venezolano sobre esta prioridad para la nueva Constitución que promueve el oficialismo.
Culpa a los especuladores
En una intervención telefónica en una reunión de trabajadores de los CLAP, el mandatario achacó la grave crisis económica del país a los “especuladores” que cambian el precio de los productos que venden según las variaciones del mercado.
“A los productos (…) que van a través de la vía normal del mercado en la calle le ponen un precio hoy y otro precio mañana, fijado en lo que llamamos un tipo de cambio criminal (…) de guerra económica”, declaró Maduro.
El gobernante dijo estar preparando “una ley constitucional” que le dé “poder para enfrentar a todos estos especuladores”, de manera que pueda “castigarlos severamente y restituir” así “el equilibrio de la fijación de precios”.
Venezuela registra una inflación galopante y sufre escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos desde hace varios años.
Desde hace más de cien días una ola de protestas contra el gobierno de Maduro que ha desembocado a menudo en enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas de orden y otros hechos violentos que se han saldado con la muerte de 94 personas.
Maduro activó el 1° de mayo un proceso constituyente para “fortalecer la revolución” iniciada en 1999 por Hugo Chávez y con la que asegura buscar una solución al deterioro económico y a la crisis provocada por las protestas.
La oposición considera la Constituyente un intento del chavismo de “consolidar la dictadura”, y rechaza su legitimidad democrática por no haber sido sometida a una consulta de aprobación previa.
