Las atribuciones otorgadas a la Gran Misión Justicia Socialista son contrarias a los valores y principios del sistema constitucional del país, advirtió la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
“El derecho constitucional venezolano se construye sobre los valores del Estado de Derecho, democracia, separación de poderes y respeto a los derechos humanos. El artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela es un Estado Democrático, y Social de Derecho y de Justicia. (artandhistory.org) Estos conceptos no se encuentran ni pueden estar vinculados a ideologías político-partidistas, sino que, por el contrario, deben ser lo más amplios posibles para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su tendencia política, se vean representados por gobiernos que respeten el pluralismo político y democrático”, señalan.
Los académicos denunciaron que el decreto número 2718 del 7 de febrero pasado, que crea la Gran Misión Justicia Socialista, “es un acto antijurídico”, de una arbitrariedad manifiesta y advierten sobre su inconstitucionalidad.
“Mediante actos de rango sublegal se pretende modificar el diseño del sistema constitucional venezolano de justicia, no ya desconociendo únicamente el principio de la reserva legal, sino soslayando y pretendiendo derogar virtualmente la Constitución mediante actos que no pueden ser calificados ni siquiera como jurídicos, por no respetar los principios básicos de la democracia, base del constitucionalismo moderno y del Estado de Derecho. El decreto viola las obligaciones internacionales asumidas por la República”, afirman.
En su declaración, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales puntualiza que la carta magna establece funciones para cada una de las ramas del Poder Público. En ese sentido, sostienen, corresponde al Poder Judicial, que por naturaleza debe ser autónomo e independiente, administrar la justicia. Enfatizan que la justicia de paz, una de las bases del nuevo programa gubernamental, es una competencia municipal que la ley organizará en las comunidades, según lo estipulado en los artículos 178.7 y 258 de la Constitución.
Sin exclusiones. Los académicos puntualizan que el sistema de justicia no se encuentra al servicio de parcialidad política alguna, por cuanto busca la resolución de controversias fundamentadas en el derecho y con procesos ejecutados por jueces independientes del Ejecutivo. Por ese motivo rechazan el adjetivo de ‘justicia socialista’.
“La administración de justicia se organiza teniendo por norte servir a todas las personas, sometiendo el Estado a la Constitución, a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y a la ley, con la finalidad de procurar los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, explican en el análisis del decreto.
Añaden que la carta magna reconoce los mecanismos alternativos de solución de controversias (negociación, mediación y arbitraje) y la justicia de paz en las comunidades, pero destacan que esta competencia debe ser desarrollada por la Asamblea Nacional. Con eso, explican, se impide al Poder Ejecutivo intervenir activamente en la organización de una justicia comunal, popular o socialista.
Los académicos, encabezados por Eugenio Hernández-Bretón y Julio Rodríguez Berrizbeitia, presidente y secretario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, respectivamente; exhortan al Estado y especialmente al presidente Nicolás Maduro a derogar el decreto de la Gran Misión Justicia Socialista.
Recuerdan la obligación del Estado de cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales para garantizar un sistema de justicia y, sobre todo, un Poder Judicial independiente y autónomo que resguarde los derechos de todas las personas sin discriminación ni exclusión alguna por su ideología política u otra causa.
“El Estado debe comenzar por dar inmediato e incondicional cumplimiento de las sentencias y recomendaciones sobre el Poder Judicial emanadas de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos”, subrayan.
La Gran Misión Justicia Socialista tiene siete líneas de acción, anunció el ministro del Interior, mayor general Néstor Reverol. Estos ejes son el fortalecimiento y la ampliación del Movimiento por la Paz y la Vida, El dispositivo Patria Segura; los Cuadrantes de Paz; el Sistema de Protección Popular para la Paz; la Operación Liberación del Pueblo, las Casas de Justicia y la lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo.
