Juntos pero no revueltos. Así han actuado en las últimas horas el Ministerio Público y la Asamblea Nacional para establecer las sanciones penales y políticas, respectivamente, contra el directorio del Consejo Nacional Electoral y demás altos funcionarios relacionados con la organización y realización de una elección constituyente el domingo 30 de julio, cuya legalidad, legitimidad y confiabilidad han sido cuestionadas.
Por un lado, el fiscal 4° nacional anticorrupción, Jesús Rodríguez, y la fiscal 77° de Caracas en materia civil y de proceso, María Lucena, solicitaron ayer al Circuito Penal de Caracas una medida cautelar innominada que anule provisional e inmediatamente los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los constituyentes. Los fiscales piden además la suspensión de la instalación de la asamblea nacional constituyente prevista para hoy a las 11:00 am.
Una nota de prensa del Ministerio Público indica que la solicitud se basa en “los señalamientos del director ejecutivo de la empresa Smartmatic, Antonio Mugica, en torno a la presunta manipulación de los resultados”.
En su escrito, los fiscales citan como precedentes solicitudes similares presentadas en diciembre de 2015 contra la elección de los diputados de Amazonas, y en octubre de 2016 contra el proceso de referéndum revocatorio, admitidas por el Poder Judicial.
El miércoles en la noche, la fiscal general Luisa Ortega desestimó la cifra de 40,1% de participación anunciada por el CNE y consideró posible “que ni siquiera haya participado 15% de los electores”.
Sanción política
La comisión parlamentaria designada el miércoles por el pleno de la Asamblea Nacional para investigar el presunto fraude constituyente, solicitó al Ministerio Público abrir una averiguación penal contra las rectoras Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Sandra Oblitas y Tania D’Amelio “y demás funcionarios del Poder Electoral, Ejecutivo y otros poderes” que hayan participado en la elección de la ANC.
Los parlamentarios, que no fueron recibidos por Luisa Ortega, piden determinar delitos como: falsedad en actos y documentos; sabotaje o daños a sistemas protegidos; manejo fraudulento de tarjetas inteligentes; traición a la patria y comisión de actos arbitrarios, tipificados en la Ley contra Delitos Informáticos, el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción.
Ángel Medina, presidente de la comisión, adelantó que la siguiente acción será citar “lo antes posible” a los directivos de Smartmatic y al rector Luis Emilio Rondón, para que brinden detalles de las irregularidades procedimentales y técnicas que pudieran haber alterado los resultados.
“Los delitos los tipifica el Ministerio Público. Nosotros investigamos, dictamos sanción política y activamos los canales regulares de la constitución”, indicó.
Luego serían consultados expertos electorales y finalmente las rectoras Lucena, Oblitas, D’Amelio y Hernández.
