Los países miembros del Mercosur no solicitarán la suspensión de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante la reunión extraordinaria que celebrará el Consejo Permanente del organismo.
“Lo mismo que estamos diciendo acá es lo que vamos a decir en la OEA”, señaló la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, tras una reunión con sus pares de Brasil, Paraguay y Uruguay.
Ante “la ruptura del orden democrático” en Venezuela, los integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) instaron a que este país reestablezca “la separación de poderes”, garantice “el goce de derechos humanos, las garantías individuales y fundamentales”, y libere “a los presos políticos”, en virtud del Tratado de Asunción (1991), que conformó la creación del Mercosur, y de sus respectivos protocolos.
Como integrantes del bloque, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay defienden el Protocolo de Ushuaia (1998) del Mercosur, también conocido como “cláusula democrática”, el cual contempla una serie de mecanismos que pueden desencadenar en la suspensión de uno de sus Estados parte.
Venezuela sigue suscribiendo el Tratado de Asunción y sus protocolos, recordó la canciller argentina.
Del mismo modo, el Mercosur reivindica la Carta Democrática de la OEA porque no implica “la expulsión del Estado involucrado, sino un seguimiento de cerca de la situación, la búsqueda de soluciones, y un diálogo para asegurar que los principios democráticos estén totalmente vigentes”, indicó Malcorra.
“Nosotros tenemos instrumentos dados en la OEA, en el Mercosur y en la Unasur que ponen el objetivo de los derechos humanos y derechos democráticos como parte central de nuestros compromisos”, añadió la ministra.
Por eso discutir los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en Venezuela “no es injerencismo, sino volver a las bases de los compromisos que todos hemos adoptado cuando nos hemos incorporado al Mercosur o a la OEA”, defendió Malcorra.
Junto a la ministra, los cancilleres Aloysio Nunes, de Brasil; Rodolfo Nin Novoa, de Uruguay; y Eladio Loizaga, de Paraguay, mantuvieron una reunión de emergencia en Buenos Aires después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela anunciara el miércoles que asumiría todas las competencias del Poder Legislativo mientras la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) continuara bajo sentencia de desacato, situación en la que se encuentra desde agosto de 2016.
Los cancilleres valoraron que, con posterioridad a esa decisión, el tribunal decidiera este sábado devolver sus competencias a la Asamblea Nacional y restablecer la inmunidad parlamentaria a los diputados.
“Pero tenemos que admitir que es muy sintomático que toda esta reacción se haya producido tan rápido inmediatamente después de que se convocara a la reunión” del Mercosur, objetó la ministra argentina.
Si bien es cierto “que la revisión del tribunal tuvo impacto en dos elementos, la cuestión del desacato ha sido utilizada sistemáticamente a lo largo del tiempo”, afirmó Malcorra.
La canciller también apreció la reacción de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que alertó el viernes sobre las supuestas violaciones al derecho constitucional en las que estaba incurriendo el TSJ.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron el pasado 2 de diciembre “el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del Mercosur de Venezuela” por, según estos países, no adaptar a su legislación interna 112 resoluciones del bloque y unas 300 normas del bloque, lo que en la práctica eliminó su derecho a voto y a participar en las resoluciones del organismo.
