En los últimos meses dirigentes y activistas de la organización de Marea Socialista (MS) denunciaron que han recibido amenazas por parte de funcionarios de seguridad del Estado. Aseguraron que han afectado los derechos de reunión, libre asociación, participación, libre expresión y libertad sindical.
Los primeros ataques se registraron contra el dirigente Nicmer Evans en agosto de 2014, cuando le fue usurpada la identidad e intervenido el número telefónico. “A veces hasta les respondo a los funcionarios de inteligencia mientras hago una llamada”, dijo Evans en rueda de prensa este martes, en la sede de Provea.
Recientemente, en diciembre de 2016, fue detenido Freiman Páez García, quien tiene acercamientos con miembros de MS, por su presunta participación en una protesta en Guasdualito, estado Apure.
Además, denunciaron que ha surgido una ola de rumores en referencia a una posible orden de captura emitida contra Nicmer Evans, el mayor general Cliver Alcalá Cordones y el mayor general Miguel Rodríguez Torres. “No he cometido ningún delito y no voy a aceptar ningún abuso por parte del Gobierno”, advirtió Alcalá.
Por su parte, Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización también presente en la rueda de prensa conjunta, catalogó de dictadura al gobierno de Maduro y detalló que se está convirtiendo en “un gobierno policial represivo”.
Los dirigentes de Marea Socialista resaltaron la urgencia de restituir el estado de derecho en el país, el cual consideran perdido tras las constantes violaciones de los derechos de los venezolanos por parte del presidente Nicolás Maduro. “Vinimos a reclamar el derecho a la participación política”, insistió Evans.
“Hoy los que se dicen herederos de Chávez le tienen miedo a un proceso electoral”, aseguró Alcalá, quien también se refirió a la suspensión del referéndum revocatorio y el retraso en la convocatoria de las elecciones regionales, pautadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el primer semestre de este año.
