Todos los magistrados, principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia designados desde el año 2010, fueron escogidos en procesos irregulares, afirmó Pedro Rondón Haaz, magistrado emérito de la Sala Constitucional.
“Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, y no solo los designados en diciembre de 2015, son ilegítimos de origen y fruto de la usurpación de funciones”.
Explicó que existen tres órganos para la escogencia: el Comité de Postulaciones Judiciales, el Poder Ciudadano y la Asamblea Nacional. “El Comité de Postulaciones realiza el primer paso; llama a los candidatos, recibe las postulaciones y hace la primera selección. El Poder Ciudadano hace una segunda selección y la Asamblea Nacional realiza la definitiva”.
Rondón Haaz agregó que a partir de octubre de 2010 el comité se desempeñó como asesor del Parlamento y sus gastos corren por cuenta de él, y que por tanto se usurparon funciones y competencias por lo que los actos son ilegítimos. Con esto se invalida la designación de todos los magistrados designados a partir de 2010.
Añadió: “La Asamblea Nacional anterior usurpó competencias del Poder Judicial, cuya cabeza es el TSJ”.
Hubo varias irregularidades del procedimiento bajo el cual se eligieron miembros en 2015, que fueron nombrados por la última Asamblea Nacional, de mayoría oficialista. Son los mismos magistrados cuya desincorporación pidió la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
“En verdad los magistrados del 2015 fueron elegidos mediante una burla del procedimiento. No se respetaron loa lapsos de impugnación, tampoco se abrió el lapso probatorio ni se armó el expediente. No hubo baremo”, dijo.
En manos del Parlamento. Rondón Haaz dijo que la Asamblea Nacional actual puede nombrar un tribunal provisional y facultarlo para que nombre un Comité de Postulaciones para la selección definitiva, que esté ajustada al debido proceso. Dijo que esta es la vía más expedita para resolver la situación.
Rondón Hazz destacó: “El TSJ no se ha pronunciado sobre el incumplimiento con etapas constitucionales fundamentales para las designaciones de magistrados a partir del inicio de la vigencia de la actual Ley Orgánica en 2010”.
El magistrado emérito afirmó que están en juego la defensa del Estado de Derecho: “En el país hay una situación fáctica, de hecho, no de derecho”.
