La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que en la actualidad el Estado venezolano puede considerarse como disuelto por la actuación del Poder Judicial.
Ortega Díaz, en una entrevista en Unión Radio, aseveró que el Tribunal Supremo de Justicia publica decisiones que son inacatables y que apuntan a que se pretende desmantelar el Poder Moral como ocurrió con el Legislativo.
Sobre la solicitud de antejuicio de mérito que pesa en su contra, Ortega Díaz declaró desconocer el contenido del expediente. “Para poder ejercer la defensa, solicitamos copia y nunca la dieron”, explicó la fiscal.
“Resulta grotesco esta denuncia porque es una parcialidad que tienen algunos magistrados, una parcialidad sospechosa, no hay transparencia”, expuso Ortega Díaz, tildando esta situación como “la descomposición del Poder Judicial”.
La máxima representante del Ministerio Público (MP) recordó los vicios de nulidad presentes en la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Algunos de estos magistrados no poseen las credenciales para ostentar el cargo”, señaló Ortega Díaz.
Apuntó además que varios de estos magistrados están relacionados con hechos punibles o condenados por delitos graves. “Ellos mismos declaran su sobresedimiento”, dijo indignada la fiscal.
La funcionaria citó los casos del miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que arolló a un manifestante con una tanqueta y el de 75 contenedores de medicamentos vencidos,que involucra a la ex ministra de Salud Eugenia Sader, que denotan la precaria situación del Poder Judicial.
Respecto al funcionario de la GNB, la fiscal detalló que el MP pidió privativa de libertad para Daniel Medina Pérez, sargento segundo del cuerpo militar que conducía el vehículo, con ocasión a las lesiones sufridas por el manifestante. Un tribunal negó la petición argumentando que “la solicitud es violatoria de los derechos humanos del funcionario que atropeyó el muchacho”, citó Ortega Díaz.
Sobre los contenedores con medicamentos vencidos, la funcionaria informó que el MP pidió la privativa de libertad para siete funcionarios y el TSJ “ni siquiera la negó, más allá de tres meses y aún no se han pronunciado“, explicó.
