En su cuarto informe sobre la crisis en Venezuela dirigido al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general del organismo, Luis Almagro, presentó una actualización de los datos que revelan la grave situación del país.
“Hay 645 presos políticos, 130 venezolanos asesinados en manifestaciones. 16.000 heridos. En este proceso tenemos el efecto más desgarrador de todos, la profundización de la crisis social del país. Un país que ya tiene más de 2 millones de desplazados, que han debido emigrar por razones sociales, económicas y políticas, mientras 54% de los niños se encuentra en estado de desnutrición”, detalla el informe publicado el lunes en la noche.
Añade que “propio de un sistema dictatorial, se han criminalizado las protestas y militarizado excesivamente la respuesta estatal a estas”. Cita cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) que calculó en 2.675 las manifestaciones desde el 1° de abril hasta el 19 de junio de 2017. Comenta que según el Ministerio Público, del total de muertes ocurridas durante las protestas 25% fueron debido a acciones de los cuerpos de seguridad del Estado y en 40% “se comprueba la participación de civiles armados que actúan en coordinación con cuerpos de seguridad”.
El secretario general indica que al 25 de julio el número de presos políticos en el país se ubicaba en 620. “Esta cifra representa un aumento de más de 430%, en comparación con los 117 presos políticos registrados antes del inicio de las manifestaciones”, señala.
Añade que la cifra es la más alta desde la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y que en forma similar a las dictaduras militares del siglo anterior, “el gobierno de Venezuela ha torturado sistemáticamente a personas detenidas”.
Almagro afirma que un gobierno que reprime con esa intensidad a civiles “no dista de casos de crímenes de lesa humanidad en otros lugares del mundo”.
El informe explica que como parte del esquema represivo, en Venezuela “se mantiene personas secuestradas por períodos largos, no se cumple con las boletas de excarcelación, se tramitan procesamientos por la justicia militar y se asesina a manifestantes”.
El funcionario asevera que el gobierno venezolano ha destruido la democracia porque no ha respetado los derechos humanos y derechos fundamentales. “Venezuela es hoy un país que no tiene un gobierno legítimo. Es una dictadura que, a través de un organismo carente de legitimidad de origen (asamblea nacional constituyente), impuesto por la élite en el poder, busca destruir la institucionalidad estatal y la carta magna en un período de dos años”, indica.
En octubre está pautada la continuación de las sesiones en la OEA para constatar si el gobierno de Venezuela ha incurrido en crímenes de lesa humanidad y por tanto deba pasar el caso a la Corte Penal Internacional.
