Agobiada por una crisis sin precedentes, Venezuela propuso a los tenedores de bonos de la república y de la estatal Petróleos de Venezuela “interrumpir” el pago de los intereses y los capitales, una acción que, en la práctica, implica una reestructuración de la deuda.
A continuación, cinco claves de esta propuesta:
1.- ¿Qué empresas o instituciones emitieron los bonos?
Los pagos de intereses que Venezuela propuso interrumpir fueron emitidos por el Ministerio de Finanzas, Pdvsa y la Electricidad de Caracas. Las últimas dos son empresas que maneja el Estado.
El Gobierno venezolano ha dicho que las sanciones de Estados Unidos contra sus funcionarios, empresas públicas y su sistema financiero le han impedido cumplir con las obligaciones y que la propuesta de interrupción de pagos de intereses “protege” a los inversores.
Pero el economista venezolano Jesús Casique dijo a Efe que el país no ha cancelado sus compromisos, no por las sanciones, aunque afectan en cierta medida, sino por la “disminución del flujo de caja, afectado por la caída de la producción petrolera“.
“Estamos produciendo escasamente 367.000 barriles diarios de petróleo, o sea, esa caída vertiginosa, ese efecto tobogán, ha afectado al ‘cash flow’ de las finanzas públicas del país” y afectado los pagos de los intereses, añadió.
2.- ¿Cuáles son las condiciones de la propuesta?
La información que divulgó el Gobierno de Nicolás Maduro señala que los tenedores de bonos tendrán hasta el próximo 13 de octubre para aceptar la propuesta, a la que deben acogerse mediante una comunicación oficial dirigida a las autoridades venezolanas, en caso de asumirla.
La propuesta solo se hará efectiva si 75% de los tenedores de la serie de bonos de cada uno de los tres emisores -es decir, 75% de los bonistas de cada emisor- la aceptan y, además, cesan o evitan hacer reclamos judiciales por incumplimiento de obligaciones.
Al respecto, Casique apuntó que en una renegociación de deuda están implícitas otras condiciones, como disminuir el monto de capital y manejar plazos largos, dos circunstancias a las que el régimen de Nicolás Maduro no se refirió al anunciar la propuesta de interrupción.
Los bonos, señaló Casique, se rigen por la ley de Nueva York, donde opera el sistema financiero estadounidense.
“Cualquier acuerdo de reestructuración de la deuda o de financiamiento del gobierno carece de validez ante las cortes internacionales” si no concilia con las leyes neoyorquinas y las condiciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
Es decir, que la propuesta de Venezuela no es definitiva y las condiciones podrían variar, puesto que no es el país quien debe establecerlas, sino entes internacionales de los que depende el proceso.
3.- ¿Está Venezuela, en la práctica, en suspensión de pagos?
Casique dijo que, en la práctica, Venezuela está en suspensión de pagos desde 2017, cuando cumplió, por última vez, con las obligaciones de los bonos -por más de 1.121 millones de dólares- esperando acceder a nueva financiación y reestructurar los pagos de obligaciones que vencen en 2020.
“El ‘default’ de Venezuela está en el orden de los 22.000-23.000 millones de dólares”, dijo a Efe el experto, antes de apuntar que la deuda consolidada del país asciende a 175.000 millones de dólares, un monto que equivale al 178% del PIB venezolano, si se atiende a la cifra que reporta el FMI para este indicador en el país sudamericano: 62.921 millones de dólares.
Casique también estimó que una deuda con las características de la venezolana no se justifica, puesto que el país disfrutó de ingresos por el orden de los 630.000 millones de dólares gracias a los auges petroleros entre 2004-2008 y 2011-2014.
Oficialmente, Venezuela no se ha declarado en quiebra, pese a que por la razón que se esgrime dejó de honrar sus obligaciones.
Pero el país sí declaró estar en un proceso para renegociar la deuda, que inició en 2017.
En noviembre de ese año, las agencias Standard & Poors y Fitch declararon al país en suspensión de pagos o “default” parcial e incumplimiento restringido, respectivamente, luego de que los intereses de los bonos de PDVSA no fueran pagados.
4.- ¿Impactan las sanciones de EE UU?
“Obviamente, las sanciones han afectado a todos los venezolanos”, dijo Casique.
Pero las sanciones, aclaró, entorpecen el proceso de reestructuración de la deuda y el acceso a nuevos créditos, y no son responsables de que Venezuela esté -en la práctica- en suspensión de pagos.
“Venezuela viene atravesando por ciclos de contracción económica antes de las sanciones. Las sanciones empezaron en 2017, y Venezuela viene arrastrando caída del PIB desde 2013”, explicó.
Sin embargo, insistió, el país enfrentará complicaciones para reestructurar la deuda, puesto que los tenedores necesitarán una autorización especial de la OFAC para entrar a las negociaciones.
Desde 2017, cuando Estados Unidos arreció su política contra Maduro, esta oficina ha emitido una batería de sanciones que alcanzan a decenas de funcionarios y empresas venezolanas.
Así, los ciudadanos estadounidenses o empresas con intereses comerciales en ese país tienen prohibido hacer negocios con los sancionados, varios de ellos responsables del proceso de renegociación que Venezuela aspira llevar a buen término.
Este es el caso del ministro de Petróleo de Venezuela de Maduro, Tareck el Aissami, sobre el que pesan sanciones e incluso acusaciones estadounidenses por presunto narcotráfico.
Al presentar la propuesta, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país entendía que muchos de los tenedores de bonos necesitarán de una “licencia regulatoria”, y que haría todo lo posible por ayudar a los inversores a conseguirla.
Pero esta intermediación de Venezuela ante la OFAC parece complicada al despertar una evidente contradicción: serían los propios funcionarios y empresas sancionadas quienes solicitarían una licencia para que los inversionistas negocien con ellos.
5.- ¿Podrá Venezuela renegociar su deuda?
Para Casique, la reestructuración de la deuda tiene un componente político que dificulta las negociaciones, aunque no las hace imposibles.
“Es un tema político”, aseguró. “Tiene que pasar por las cortes internacionales, por la OFAC, es un tema netamente político, pasa por los acuerdos y negociaciones a los que llegue el Gobierno central venezolano con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo.
En ese sentido, señaló que Venezuela tendría que hacer algunas concesiones, como publicar las cifras macroeconómicas, que hace mucho no difunde.
“Si los acreedores aceptan la renegociación de la deuda, van a exigir, fundamentalmente, que el Banco Central publique las estadísticas”, una data que incluye el presupuesto de la nación.
“El último presupuesto de la nación que publicó el Gobierno fue el del año 2015, o sea que no conocemos el presupuesto de la nación, cualquier inversionista requiere un presupuesto, saber cómo está el país en el entorno macroeconómico para poder tomar una decisión de inversión”, dijo.
Fuente: El Nacional
