La Plataforma en Defensa de la Constitución integrada por Ex ministros del presidente Chávez, personalidades de la política, la cultura, la educación y militares retirados, dio a conocer en un Manifiesto su posición sobre lo que ellos llaman una Constituyente Fraudulenta.
Los firmantes afirma que: “Uno a uno, paso a paso, todos los principales mecanismo de auditoría y control que garantizaban procesos electorales transparentes y confiables han sido desmontados por el gobierno y por el Consejo Nacional Electoral (CNE).”
Asimismo señalan que: “Durante los años del proceso bolivariano se desarrolló en Venezuela un régimen electoral extraordinariamente confiable. Se invirtieron masivos recursos para crear un sistema de elecciones totalmente automatizado. Contaba éste con rigurosos y transparentes mecanismos de auditoría de cada una de sus fases. Había por lo tanto garantía de que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral en cada elección correspondían con exactitud –en la gran mayoría de los casos – a la voluntad expresada por los y las votantes. Este sistema electoral jugó un papel esencial en la legitimación del gobierno bolivariano ante los sistemáticos ataques de la derecha nacional e internacional, en particular, frente a las constantes amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Una y otra vez, el gobierno bolivariano logró demostrar que, sin lugar a dudas, contaba con el apoyo de la mayoría de la población del país.”
Para finalizar exigiendo la realización de una auditoria y afirmar que:
“Hasta que esta auditoría no se realice, y se procese el mar de denuncias que están haciendo los mismos candidatos y votantes del Polo Patriótico que al verse desconocidos denuncian fraude, sería inmoral que esa ANC pretendiera instalarse.
Llamamos al pueblo de Venezuela a seguir en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en acatamiento de la obligación prevista en el Art. 333 de la misma.
El orden constitucional sigue roto.”
A continuación el texto completo del documento.
Constituyente fraudulenta
Manifiesto de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
al pueblo de Venezuela
El pasado domingo 30 de julio se consolidó un atropello generalizado a los derechos constitucionales y legales del pueblo venezolano al que la palabra fraude no alcanza mínimamente a describir. También pasó un fraude, pero en realidad lo que pasó fue mucho más que eso, y mucho más grave.
Para más de una docena de venezolanos el derecho perdido fue el derecho a la vida, puesto que murieron asesinados, lo que ya en sí es mucho más que un fraude, pero para los millones de venezolanos que en el curso de ese proceso, sobre todo ese día, perdieron el derecho a un Poder Electoral confiable, el lunes que amaneció ya era un día de ciudadanía disminuida, ya no se era tan ciudadano o ciudadana como el sábado 29. Cuando para el 3 de agosto, a 4 días del cierre del proceso electoral del pasado domingo 30, se nos niega una información que el CNE ya conoce y que está obligado a dar, como la del número de votos nulos, es porque ya no somos ciudadanos y ciudadanas a los que se debe cumplir y cuyos derechos se respetan. Ahora el CNE, como el BCV, como los ministerios de Finanzas, de Salud, y otras instituciones obligadas por su razón de ser a producir información y a transmitirla públicamente, da la información si quiere, como quiere y cuando quiere. Cuando un pueblo pierde el respeto que los poderes del Estado y el gobierno le deben, solo porque éste último posee la fuerza de las armas para imponer el irrespeto, lo que ha pasado es algo mucho más grande y mucho más grave que tan sólo un fraude.
Lo que pareciéramos haber perdido el domingo 30 de julio es a la República Bolivariana de Venezuela.
Sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad tanto de la convocatoria como de las bases comiciales, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución se ha pronunciado suficientemente. Trataremos de precisar, en este manifiesto, los elementos de fraude masivo implicados en la culminación esperpéntica que el pasado domingo 30 de julio tuvo la usurpación de la soberanía del pueblo que arrancó el fatídico 1 de mayo de 2017.
Hemos advertido reiteradamente sobre los riesgos crecientes de una violencia generalizada en el país, violencia que está siendo alimentada tanto por sectores vinculados a la corrupción en el seno del gobierno, como por los sectores más radicales de la derecha opositora. Hemos advertido igualmente sobre lo extremadamente peligroso que resultaría para el país una intervención armada externa o sanciones económicas extranjeras que afectarían en primer lugar a la población venezolana. Fijamos ahora posición respecto al 30 de julio pasado.
Durante los años del proceso bolivariano se desarrolló en Venezuela un régimen electoral extraordinariamente confiable. Se invirtieron masivos recursos para crear un sistema de elecciones totalmente automatizado. Contaba éste con rigurosos y transparentes mecanismos de auditoría de cada una de sus fases. Había por lo tanto garantía de que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral en cada elección correspondían con exactitud –en la gran mayoría de los casos – a la voluntad expresada por los y las votantes. Este sistema electoral jugó un papel esencial en la legitimación del gobierno bolivariano ante los sistemáticos ataques de la derecha nacional e internacional, en particular, frente a las constantes amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Una y otra vez, el gobierno bolivariano logró demostrar que, sin lugar a dudas, contaba con el apoyo de la mayoría de la población del país.
Sin embargo, todo esto se alteró en forma esencial en las elecciones para la Asamblea Constituyente convocada por el Presidente Maduro para el 30 de julio de este año. Uno a uno, paso a paso, todos los principales mecanismo de auditoría y control que garantizaban procesos electorales transparentes y confiables han sido desmontados por el gobierno y por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
1. En primer lugar está el asunto clave del Registro Electoral. En los años anteriores las elecciones se venían realizando con un Registro Electoral Permanente (REP) que era público y sistemáticamente auditado. Esto no ocurrió en las recientes elecciones de la ANC. La votación sectorial se realizó sobre la base de unas listas, en lo fundamental secretas, no auditadas. En la fase previa al 30 de julio, el rector del CNE Luis Emilio Rondón denunció que se dejaron de realizar siete procesos de auditoría y la que correspondía para este viernes 4 de agosto, relativa a la confrontación de las actas de escrutinio por mesa con los resultados transmitidos por las máquinas de votación, fue suspendida sin explicaciones.
2. El derecho constitucional al voto universal, y a la igualdad de todos y todas las votantes (un elector un voto) fue abiertamente vulnerado. En el mecanismo del doble voto (uno territorial y uno sectorial), se discriminó arbitrariamente aproximadamente a unos cinco millones de votantes, que si bien podían votar en el ámbito territorial, no tenían derecho al voto sectorial. De esta forma, las bases comiciales de estas elecciones dividieron a las y los venezolanos entre ciudadanos de primera (con derecho al doble voto) y ciudadanos de segunda, con derecho a un solo voto.
3. De acuerdo a la Constitución venezolana, el voto no es obligatorio. Sin embargo diversos portavoces del gobierno, comenzando por el Presidente Maduro, por diversas vías una y otra vez, amenazaron con las graves consecuencias que tendría para los ciudadanos su no participación en las elecciones. Se utilizaron las listas de los empleados públicos y trabajadores de las empresas del Estado y de los beneficiarios de los diversos programas sociales para amenazarlos pública y reiteradamente con la pérdida de sus empleos y beneficios si o votaban. Se llegó a extremos inconcebibles tales como amenazar con expulsar de las escuelas públicas a los hijos de quienes no participaran en el proceso electoral. Todo esto está ampliamente documentado en declaraciones públicas de funcionarios del Estado y en los múltiples mensajes personalizados que enviaron por las redes sociales. Esto ha sido experimentado por la población como una profunda humillación. (https://www.luljettas.com/) Los puntos rojos a las puertas de los centros electorales para constatar quiénes votaron con el carnet de la Patria. Ya han comenzado las primeras denuncias de la negativa a vender las bolsas del CLAP a quienes no votaron.
5. En todos los procesos electorales anteriores se utilizó tinta indeleble destinada a garantizar que cada votante solo pudiese votar una vez. En el atropello con el cual se convocaron y llevaron a cabo estas elecciones, se optó por no utilizar tinta indeleble con lo cual se eliminó este fundamental mecanismo de control.
6. A pocos días de las elecciones, el CNE anunció una medida aún más grave en el desmantelamiento del sistema electoral, la eliminación en la práctica de la función que debían desempeñar los cuadernos electorales. En todas las elecciones anteriores, sobre la base del registro electoral permanente y la asignación de los y las votantes a un centro electoral y a una máquina de votación específica, se elaboraban cuadernos electorales con la información detallada de cada uno de los y las votantes correspondientes a cada máquina. Estos cuadernos electorales eran auditados con la participación de los representantes de los diferentes grupos políticos para confirmar su exactitud. Después de votar, cada elector o electora firmaba en el lugar correspondiente a su nombre en este cuaderno y colocaba igualmente su huella digital. Cuando el CNE decidió a última hora que los votantes podían hacerlo en cualquier centro electoral de su municipio y luego incluso fuera de su municipio, como fue el caso del centro electoral de contingencia del Poliedro de Caracas, desaparece este vital instrumento de control y transparencia del proceso electoral. Si bien es cierto que esta opción de votar en un centro electoral diferente al originalmente asignado se debió a la inhabilitación con violencia de algunos centros electorales ubicados en áreas opositoras, no es menos cierto que con eso se perdió una muy fundamental instancia de control.
7. Una previsión de transparencia fundamental en todo proceso electoral, a cualquier nivel, en cualquier lugar, es la presencia de testigos que acompañen las diferentes fases del proceso para impedir que se produzcan ilícitos electorales. Sin embargo, como consecuencia de la forma inconstitucional como se convocó a la ANC y los plazos perentorios establecidos para el registro de los y las candidatas, solo participaron como candidatos, votantes y testigos los partidarios del gobierno. Esto convirtió a las elecciones del 30 de julio, prácticamente, en unas elecciones internas del PSUV sin testigos externos. Hubo observadores internacionales con el mismo criterio.
8. Se le prohibió a los medios de comunicación la cobertura del proceso electoral al impedir a los y las a periodistas acercarse a menos de 500 metros de los centros de votación. Esto convirtió a estas elecciones en un proceso todo menos público.
9. Finalmente, el pasado miércoles 2 de agosto el Director de la empresa Smartmatic, Antonio Mugica, declaró desde su sede en Londres, que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan en por lo menos un millón de votos. Smartmatic es la empresa que suministra el soporte tecnológico-informático al CNE desde el año 2004. Se estrenó con el Referendo Revocatorio al Presidente Chávez y ha seguido realizando esta función hasta las pasadas elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. De su declaración oficial extraemos los siguientes párrafos:
“Hoy (2-8-17), con el más profundo pesar tenemos que informar que el anuncio de la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulado.”
“… la suma de todas las actas, es decir, la totalización, debe coincidir con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. Este es un mecanismo que permite descartar cualquier tipo de manipulación en la transmisión, totalización y publicación de resultados. Esto se ha hecho en todas las elecciones venezolanas desde 2004 hasta 2015, pero no se hizo para esta elección del pasado domingo.”
“Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores.”
Con seguridad será muy difícil desentrañar si esta denuncia corresponde a lo que efectivamente ocurrió o si están incidiendo otros intereses.
No existe razón alguna por la cual se pueda tener confianza en que los resultados anunciados por el CNE tengan alguna relación con la realidad. El CNE anunció que participaron en estas elecciones un total de 8.089.320 votantes. Esta cifra es, por decir lo menos, altamente sospechosa. No tiene relación alguna con lo que indicaban, sin excepción, todos los principales estudios de opinión que se habían realizado en el país antes de las elecciones que proyectaban niveles de participación muy inferiores. Tampoco con los estudios exit polls.
Llama la atención que en una situación de profunda crisis, como la que vive el país, y un gobierno con niveles tan extraordinariamente bajos de apoyo, el CNE pretenda decirnos que hubo más votos de apoyo al gobierno que los votos que recibió Maduro en las elecciones presidenciales del 2013 (7.587.579 votos equivalente al 50,61%) cuando las dimensiones más profundas de la crisis que hoy vive el país apenas se anunciaban.
En todo caso, aún sobre la base de las cifras que ha presentado el CNE, ha quedado claro que una amplia mayoría del país, el 58,47%, no se pronunció a favor de la Constituyente de Maduro, lo que termina por quitarle toda legitimidad.
Este conjunto de alteraciones en la operación del sistema electoral constituye, de hecho, un total desmantelamiento del régimen electoral que con tanto esfuerzo e inversión de recursos se había logrado montar. En un país tan polarizado, con tanta violencia como la que existe actualmente, este desmantelamiento del sistema electoral no es poca cosa. Nos deja sin un pilar fundamental de las posibilidades de la convivencia democrática. Ya no contamos con un árbitro confiable. Ya no se trata sobre si se realizarán o no elecciones, igualmente hay que interrogarse sobre el para qué de procesos electorales si el supuesto árbitro neutral, pública y notoriamente, ha dejado de serlo. ¿Qué ocurrirá en el país si esto conduce al cierre total de toda opción electoral? ¿Significará esto que se instalará la violencia, el terrorismo paramilitar y la represión estatal como sustitutos de la política, como la forma de procesar nuestras inevitables diferencias?
Si bien la imagen de un pueblo sobre sí mismo es algo sutil, a la vez es algo fortísimo. El daño moral del que votó por que fue víctima de chantaje no es cuantificable.
¿Cuán vejado, cuán humillado queda alguien al que se le amenaza con despido del trabajo el 31 si no ha votado el 30, con quitarle la bolsa del CLAP, con dejarlo sin apartamento, o sin pensión? Eso es algo que tiene que ver con el alma de la gente y para eso no hay medida.
¿Cómo queda esa FANB, esos oficiales y soldados concretos, con nombre, apellido y familia, plenamente conscientes de la extorsión masiva que se infligió al pueblo venezolano, y que ellas y ellos se vieron obligados a cohonestar?
¿Cuán débil está un gobierno que, como no puede recurrir a la conciencia del pueblo, como lo hizo siempre el Presidente Hugo Chávez, recurre a la persecución, al chantaje, a la extorsión? Nada distinto puede esperarse de quienes no sólo son responsables del desfalco económico que amenaza letalmente el futuro de la nación, sino del desfalco político que significa pretender poner a Chávez de mampara de ese desfalco económico.
Ante todas las alteraciones, manipulaciones y vicios presentes en este evento electoral, se impone la realización de una auditoría integral, pública, ciudadana y plural, que incluya observadores internacionales sobre todo el proceso culminado el 30 de julio pasado, como única vía para la recuperación de un sistema, pero sobre todo de un Poder Electoral mínimamente confiable. Este proceso traía como falla de origen la usurpación a la soberanía popular implicada en no consultar la voluntad del poder originario sobre si se quería o no una ANC.
Hasta que esta auditoría no se realice, y se procese el mar de denuncias que están haciendo los mismos candidatos y votantes del Polo Patriótico que al verse desconocidos denuncian fraude, sería inmoral que esa ANC pretendiera instalarse.
Llamamos al pueblo de Venezuela a seguir en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en acatamiento de la obligación prevista en el Art. 333 de la misma.
El orden constitucional sigue roto.
Caracas 3 de agosto 2017
Firman: Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Oly Millán Campos, Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, Gustavo Márquez Marín, Freddy Gutiérrez, Cliver Alcalá, Carlos Carcione, Juan García, Gonzalo Gómez.
