Un Amparo Constitucional fue introducido ante el TSJ en reclamo de protección y restitución del derecho a un salario en los términos establecidos por el Art. 91 de la Constitución, que tenga como referencia el costo de la Canasta Básica. La presentación del recurso se produjo en la Sala Constitucional el miércoles 18 del mes en curso, siendo los accionantes Gonzalo Gómez Freire, quien es co-fundador del portal alternativo Aporrea.org y actuó como vocero nacional de la organización de hecho Marea Socialista, y, por otra parte, Carlos Ramón Paredes Garrido, en su condición de Coordinador General del Consejo de Contraloría Social del Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ); acto en el que fueron asistidos por el abogado en ejercicio Maikell Jhomar Rebolledo Booll.
Gonzalo Gómez explica que la interposición de esta acción de Amparo Constitucional es motivada por la “violación persistente del Articulo 91 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV), referido al derecho a un salario suficiente y al ajuste del Salario Mínimo, que experimenta un marcado y constante deterioro que incide gravemente en el nivel de vida de todos y todas las personas que vivimos únicamente del trabajo en Venezuela”.
“Por eso demandamos la protección y restitución de ese derecho, por vía de que al Ejecutivo Nacional le sea ordenado cumplir con su obligación de garantizar un salario acorde con lo dispuesto por dicho artículo 91 de la CRBV”, continúa Gómez. Y agrega que “para ello es preciso que el Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, proceda al ajuste del salario a partir del cálculo urgente y actualizado del costo mensual de la Canasta Básica, como referencia para la fijación de un salario mínimo vital, suficiente, que permita al trabajador o trabajadora vivir con dignidad y cubrir para sí y para su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, tal como está contemplado en la Constitución”.
“El Estado está obligado a la restitución plena de del derecho a un salario digno y suficiente para los trabajadores y las trabajadoras, y eso es clave en estos momentos de agudísima crisis para que se detengan y se eviten todos los graves perjuicios que se derivan del incumplimiento de las disposiciones constitucionales, porque eso implica forzar a la gran mayoría del pueblo a sobrevivir con un salario de miseria y de muerte, que ya no alcanza ni para cubrir el gasto de desplazamiento al trabajo; es decir, conspira contra el trabajo mismo y contra la producción y el funcionamiento de un país, además de ser causante de saldos trágicos derivados del empobrecimiento generalizado”, argumenta Gómez.
Los accionantes, reclaman del gobierno, a través de su recurso ante el TSJ, que proceda a efectuar el cálculo científico-técnico y las consultas sociales correspondientes para poder calcular el costo real de la Canasta Básica y hacerle seguimiento, porque “si el gobierno desconoce o no informa a la clase trabajadora el costo de la Canasta Básica, cualquier ajuste salarial será en acto arbitrario, sin criterio justo”.
El documento contiene datos demostrativos de que el Salario Mínimo se encuentra sumamente rezagado respecto a los montos del costo de la Canasta Básica que son calculados periódicamente por organizaciones sociales de los trabajadores como el CENDAS-FVM y el CENDA, hasta el punto de que según la primera fuente, se necesitaban 10 salarios mínimos oficiales para cubrir el costo diario que la Canasta Básica tenía en mayo y el salario ni siquiera alcanzaba a cubrir los más elementales gastos de alimentación, lo que según Gómez es equivalente a la “oficialización de la miseria”.
Se argumenta en el recurso que, “El salario mínimo mensual fijado por el Ejecutivo Nacional, según estas investigaciones, apenas alcanza para cubrir la mitad de las necesidades de un solo día de la vida de un trabajador, la mitad de un solo día del mes, con cero posibilidades de cubrir el resto de los días para los que debería alcanzar esa mensualidad. Y ni hablar de las necesidades de su familia nuclear (hijos y cónyugue); por lo que se puede entender que lo que se le está pagando a un trabajador o trabajadora con el salario mínimo oficial decretado es apenas una parte de su gasto de sostenimiento diario y de ninguna manera se cubre el gasto de la totalidad de los días que componen el mes. Evidentemente, algo así tiene dimensiones y perspectivas de hambruna, que supone una violación masiva de derechos humanos”.
Gómez, de Marea Socialista, y Paredes, del CCSSJJ, informaron que “el propósito de este recurso, además de exigir a los poderes públicos la restitución de un derecho, es ofrecer un instrumento para la convergencia nacional de las luchas salariales que se están dando sector por sector, a fin de abrir canales para la unidad y coordinación de esas luchas con propósitos comunes y concentrar la mayor fuerza posible de la clase trabajadora alrededor de ese reclamo”. El énfasis lo ponen en las luchas y no en el recurso legal, porque dicen que realmente no albergan expectativas de justicia de parte del TSJ que suele evadir la mayoría de los reclamos del pueblo desestimándolos y es por lo tanto “un simple engranaje del sostenimiento de la élite de poder que le ha usurpado su revolución a la clase trabajadora y al pueblo venezolano”, pero… “son los que están ahí y a ellos hay que exigirles con la mayor contundencia, sin que por ello se afloje en ningún momento la apuesta por la movilización de la clase trabajadora que es lo único en lo que realmente podemos y debemos confiar”.
Por tal razón, los accionantes y sus organizaciones, hacen un llamado a todos los sindicatos y organizaciones de los trabajadores y a todos los movimientos populares, organizaciones sociales y corrientes políticas para que examinen este recurso y consideren adherirse, así como respaldar su admisión por el TSJ, emitir pronunciamientos en favor de esta causa y realizar movilizaciones hacia el TSJ y otras instancias con este propósito.
