La organización Human Rights Watch (HRW) pedirá a los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que soliciten un informe a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, sobre “el deterioro institucional democrático” en el país.
“Deben pedirle al Ministerio Público un informe respecto a lo que está ocurriendo y las maniobras del gobierno para deteriorar aún más los pocos vestigios que quedan de fachada democrática en Venezuela”, dijo hoy el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.
En una rueda de prensa en Washington, el experto señaló que “si el objetivo es tener de primera mano una información precisa de lo que está pasando institucionalmente, no hay mejor autoridad que la del Ministerio Público, que es un poder del Estado”.
La fiscal general se ha distanciado del gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del presidente Nicolás Maduro de cambiar el ordenamiento jurídico.
“El ideal en la OEA es que sea la CIDH (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la que informe a los cancilleres, y se puede dar también, pero para que pueda estar en las mejores condiciones tendría que poder ir a Venezuela“, indicó Vivanco.
Sin embargo, el gobierno venezolano cerró las puertas a la CIDH en 2013 a partir de un informe muy crítico sobre derechos humanos.
Los cancilleres de la OEA celebrarán la segunda sesión de su reunión sobre la crisis de Venezuela el próximo 19 de junio en Cancún (México) antes de la inauguración formal de la Asamblea General del organismo.
“Es una gran oportunidad y, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido conocer de las distintas cancillerías, deberían poder llegar a un consenso que exija el establecimiento de un canal humanitario para apoyar a los sectores más vulnerables en Venezuela, la inmediata liberación de presos políticos, un calendario electoral y una reconstitución de la Suprema Corte y el Poder Electoral”, dijo.
Vivanco, que asistirá a la Asamblea de la OEA, ofreció una rueda de prensa hoy para pedir a los altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela que respondan por los “abusos generalizados” cometidos por sus subordinados y por “los juicios de civiles en la justicia militar” en el marco de la actual oleada de protestas.
Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 72 muertos, según datos de la Fiscalía.