Este martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una audiencia sobre un caso de 2004, en el que se expone el despido injustificado de tres empleadas del Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela por haber firmado a favor de un referéndum revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez.
En el proceso se espera que se amplíe la jurisprudencia de la corte sobre los derechos fundamentales de libertad de expresión, participación política y no discriminación.
“Como ya ha ocurrido en el pasado, lo más probable es que el gobierno venezolano responda a una sentencia contra atacando al tribunal y haciendo caso omiso de sus obligaciones jurídicas internacionales de cumplir con las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana, poner fin a la discriminación política y resarcir a las víctimas”, expresó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en un artículo difundido.
De ser así, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos deberían respaldar a la corte y hacer frente a Venezuela, para que sepa que la prepotencia y el desprecio a los órganos internacionales no seguirá siendo tolerado, anunció Vivanco.
En el artículo se destaca que 13 años después de las denuncias se reportó un nuevo grupo de despidos a trabajadores públicos en 2016, por presuntamente haber apoyado el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
El representante de Human Rights Watch alegó que los afectados con las medidas no fueron resarcidos ni pararon los atropellos. Calificaron al Tribunal Supremo de Justicia como un poder abyecto.
Rights Watch alegó que los afectados con las medidas no fueron resarcidos ni pararon los atropellos. Calificaron al Tribunal Supremo de Justicia como un poder abyecto.
