“La intervención de las panaderías lo que demuestra es que el gobierno tiene una intencionalidad de destruir la propiedad privada y hacer al venezolano cada vez más dependiente del Estado”, señaló Andrea Rondón, coordinadora del Comité de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad. Agregó que con la aplicación de estas medidas en lugar de atacar el problema lo que se hace es agravar la escasez del producto.
Rondón advirtió que el fin último de estas acciones es adormecer al venezolano. “En la medida en que tú lo haces, un subordinado no va a reclamar, no va a exigir respeto a sus derechos y va a votar en la forma en que otros decidan”.
La coordinadora indicó que hay una política sistemática de desconocimiento de la propiedad, que ya antes se vio reflejada en las ocupaciones de Clorex, Kimberly-Clark y Agroisleña. “Todas esas empresas dejaron de producir una vez que el Estado tomó posesión de ellas lo que agravó la escasez del producto, que era la excusa inicial para tomar la medida”.
Desde 2007 Cedice Libertad identificó actuaciones u omisiones por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en contra de la propiedad privada. A partir de ese año las estadísticas reflejan un aumento de las expropiaciones –que deberían ser una excepción–, pero desde 2011 descubrieron otras formas de afectación de la propiedad privada, llamadas expoliaciones: despojos violentos que se manifiestan en ocupaciones temporales, multas, sanciones administrativas o fiscalizaciones.
“Cuando los regímenes arrecian ya no se ven expropiaciones, porque eso es una forma de reconocimiento de que existe la propiedad privada, lo que abundan son las otras formas de expoliación”, afirmó Rondón.
Especificó que con las panaderías se ha seguido este proceder. “Sigue siendo el mismo propietario, pero no puede comportarse como tal. El funcionario público es quien toma la posesión. En este caso se amparan en la Ley de Precios Justos, pero la mayoría de nuestras leyes establecen estas medidas de emergencia para violar la propiedad privada. Son expoliaciones legales”, afirmó.
Derechos
Conindustria expresó su solidaridad con los panaderos y pidió al gobierno respetar los derechos de propiedad. Rechazó que a partir de “políticas económicas equivocadas y manejadas de manera improvisada y discrecional” se amenace a los dueños de estos comercios, se les persiga y despoje de sus bienes.
Subrayó que resulta inadmisible que bajo la excusa de la ausencia de producción de pan se pretenda anarquizar un sector que a diario lleva tan imprescindible alimento a la mesa de los venezolanos. Culpó al gobierno de la falta de materia prima y aseguró: “El permanente ataque a la propiedad ha dejado a su paso solo muestras de la destrucción de la empresa privada, de la producción, del empleo, desabastecimiento de bienes y servicios, inflación y la ruina de la mayor parte de la población”. Llamó a propiciar acuerdos entre el sector panadero y las autoridades del área.
El cardenal Jorge Urosa mostró también su desacuerdo con la intervención de panaderías y en declaraciones a Unión Radio señaló que de esta manera no se resuelve el desabastecimiento. “Es totalmente injusto, y absolutamente disparatado ocupar y confiscar las panaderías cuando el problema es que no hay harina suficiente para todo el pueblo venezolano”.
El presidente Nicolás Maduro pidió a los dueños de panaderías que cumplan las leyes. Refirió al caso de un establecimiento donde decomisaron 180 sacos de harina. “No me van a acusar de ser enemigo del sector privado cuando trato de poner orden”.
