El gobierno de Nicolás Maduro ha evitado este viernes una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que investigue la presunta violación de convenios del organismo en cuanto a los métodos de fijación de salarios mínimos, libertad sindical y protección del derecho de sindicación.
El Consejo de Administración de la OIT decidió hoy “suspender la adopción de una decisión sobre el nombramiento de una comisión de investigación” bajo la condición de que el gobierno venezolano instale “antes de finales de 2017 una mesa tripartita para fomentar el diálogo social con objeto de resolver todas las cuestiones pendientes” en su disputa con una organización de empleadores.
La queja enfrenta a la organización de empleadores Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), que denunció la presunta violación de esos convenios y supuestos ataques intimidatorios, con el gobierno venezolano.
La mayor patronal del país ha recriminado al gobierno haber realizado sus constantes subidas de sueldo mínimo -cinco solo en lo que va de año y más de 40 desde que comenzara en 1999 la Revolución Bolivariana- sin consultas con la patronal y los sindicatos.
Según el texto adoptado, la OIT hace un llamamiento “por última vez” al Ejecutivo para que entable “de buena fe” un diálogo “transparente y productivo”, basado en el respeto a las organizaciones de empleadores y trabajadores, con vistas “a promover unas relaciones industriales sólidas y estables”.
El órgano ejecutivo de la OIT urgió además al gobierno a invitar a una misión de alto nivel de la organización a Venezuela para que pueda reunirse con autoridades, Fedecámaras y sus organizaciones miembros y empresas afiliadas, así como con sindicatos y líderes de todos los sectores sociales.
Según Fedecámaras, la misión está previsto que viaje a Venezuela en enero de 2018.
El Consejo de Administración de la OIT, en el que participan de forma igualitaria gobiernos, empresas y sindicatos, lamentó “la falta de progresos con respecto a las decisiones tomadas en sus sesiones anteriores”, y pidió al director general, Guy Ryder, que brinde todo el apoyo necesario a una eventual misión de alto nivel a Venezuela.
Instó a Ryder a presentar en la próxima reunión del Consejo en marzo de 2018 un informe con el que el órgano ejecutivo pueda decidir si se han producido avances concretos en el diálogo social que se debe producir en una mesa tripartita.
El gobierno venezolano, representado por el viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social, José Ramón Rivero, y el embajador ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, dijo en un comunicado que ha logrado una “importante victoria”.
Ha “derrotado las pretensiones de Fedecámaras de querer manipular a esta organización” al solicitar una comisión de investigación o de encuesta como se denomina formalmente.
Rivero reiteró la voluntad dialogante del gobierno venezolano y “desmontó las infundadas alegaciones del representante de la derecha empresarial” al dar pruebas de cómo el Ejecutivo “ha convocando a todos los sectores nacionales, incluyendo al sector empresarial para que el país despliegue un plan económico, político y social destinado a garantizar la paz”, aseguró Caracas en un comunicado.
Fedecámaras, por su parte, dijo en otro comunicado que “es hora de acometer un verdadero diálogo social (…) sin temas políticos, enfocados en la reactivación del aparato productivo, el abordaje estructural de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo del salario y el respeto a la libre iniciativa empresarial”.
