Venezuela no pedirá a ningún país del mundo ni a ningún organismo internacional ayuda para superar la actual escasez de medicinas e insumos médico-quirúrgicos que afecta al país, al menos por ahora.
Así lo dejaron en claro las autoridades en el informe que presentaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en el cual se comprometieron a implementar solo tres de las 274 recomendaciones que recibieron durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, celebrado en noviembre pasado.
En el documento, que será leído este jueves en Ginebra (Suiza), se coloca en “veremos” la petición hecha por la delegación de Canadá para que Venezuela “tome medidas urgentes inmediatas para garantizar una provisión de medicinas esenciales a la población, incluyendo la aceptación de asistencia y cooperación internacional”, así como la de Islandia, la cual instó a que se “desarrolle e implementen políticas efectivas que permitan atacar la crisis en el sector salud y la escasez de comida”.
Estas recomendaciones no fueron rechazadas de plano, pero tampoco aceptadas, sino que son dos de las 28 que el Gobierno dijo que tomaría en consideración, porque “pueden prestarse a confusión, dado a que contienen una fuerte orientación politizada y negativa” y “no fueron formuladas bajo un espíritu constructivo o propositivo”, lo cual “contribuye a exacerbar las consecuencias negativas de la incesante guerra económica, del constante asedio y las permanentes amenazas que han llevado a un bloqueo progresivo del país en los ámbitos económico, comercial y financiero, afectando negativamente el disfrute de los Derechos Humanos”.
Pero el Ejecutivo no solo se rehúsa a pedir ayuda internacional para resolver la falta de medicinas, tampoco tiene prevista esa opción para superar el desabastecimiento de alimentos. Así, la recomendación que en ese sentido le hicieran los delegados de Suecia también fue engavetada.
Gremios y economistas aseguran que la escasez de alimentos y de medicamentos ya supera 80 % y en algunos renglones, en ciertos momentos, ha llegado a ser del 100 %. Esta situación está poniendo en riesgo al menos a cuatro millones de venezolanos, según datos manejados por Feliciano Reyna, de Acción Solidaria.
A la basura
Peor suerte tuvieron buena parte de las recomendaciones que iban dirigidas a garantizar las libertades de expresión, de asociación y participación, así como a castigar a los autores de ataques contra periodistas y defensores de DDHH, a asegurar la independencia del Poder Judicial o aquellas que instaban al Ejecutivo a poner fin al polémico plan contra el crimen Operación Liberación del Pueblo (OLP). Ellas son algunas de las 53 que terminaron en la papelera al ser rechazadas.
Las autoridades, en su informe, justificaron su decisión de desechar estas peticiones —la mayoría de las cuales fueron formuladas por países considerados como democracias consolidadas— debido “a su tergiversación, irrealidad o falsedad”.
“Los sesgos y falsos supuestos implicados en esas presuntas recomendaciones, se prestan a confusión o proceden de mala fe, y actúan contra la misión de este valioso ejercicio del EPU, y son contrarias a la importancia destacada que para Venezuela tiene la más amplia y progresiva tutela de los Derechos Humanos como razón de ser de su Constitución y vida republicana”, replicó el Gobierno, el cual sin empacho afirmó: “En Venezuela está prohibida toda restricción al libre ejercicio de derechos consustanciales con nuestra vida democrática, tal es el caso del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información que no pueden restringirse ni siquiera bajo las normas del estado de excepción constitucional”.
Pese a que 60 % de los jueces en el país son provisorios, es decir, que pueden ser destituidos de un momento a otro sin procedimiento previo; y a que 10 de los 32 magistrados fueron funcionarios del Gobierno o militantes en el partido oficialista, las autoridades aseveraron al Consejo de Derechos Humanos que la autonomía e independencia de los poderes están plenamente garantizados.
