Representantes del sector privado y del movimiento sindical independiente coincidieron en exigir al Ejecutivo instrumentar políticas que controlen la inflación en lugar de imponer unilateralmente aumentos de salarios y bono de alimentación que reavivan la espiral del incremento desmesurado del costo de la vida. “El gobierno debe aplicar los ajustes macroeconómicos como el abordaje de la inflación”, manifestó Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras.
Alertó que las empresas medianas y pequeñas son las más golpeadas con los ajustes del sueldo integral debido al incremento de los costos laborales como consecuencia de la decisión oficial, lo que ocasionará la reducción de las nóminas o el cierre de empresas con la consiguiente pérdida de empleos.
“Es una conducta irresponsable que el gobierno celebre un aumento de salarios sin asumir la inflación ni los correctivos para detenerla”, sentenció Martínez.
El domingo, el presidente Nicolás Maduro anunció un alza del salario mínimo de 50% a partir del primero de julio con lo quedará en 97.531 bolívares mensuales, mientras que el bono de alimentación pasó de 135.000 a 153.000 bolívares al mes.
Para los pensionados del Seguro Social, además de la homologación de la pensión con el salario mínimo, se subió el bono a 29.258 bolívares mensuales.
Maryolga Girán, presidente de la Comisión Laboral de Conindustria, destacó que nuevamente el gobierno incurre en el error de una medida populista, esta vez buscando el apoyo a la constituyente, que ocasionará un mayor desempleo y el cierre de empresas.
Girán indicó que el sector más afectado es el comercio y la pequeña y mediana industria porque su personal gana salario mínimo a diferencia de la gran industria que paga a sus trabajadores por encima del sueldo mínimo.
Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, (Fadess) aclaró que los 250.531 bolívares mensuales reunidos en las alzas del salario mínimo y el ticket de alimentación “no son un sueldo integral como el gobierno de Nicolás Maduro quiere hacer ver, además de que no cubren el costo de la cesta alimentaria y mucho menos la básica”.
Según el último reporte del Centro de Documentación y Análisis de la Asociación Venezolana de Maestros, (Cendas) el precio de las canastas de alimentos y básica se ubicó en mayo pasado en 990.918,92 y 1.426.363,92 bolívares, respectivamente.
Barrios explicó que en el ingreso mensual fijado por el Ejecutivo sigue predominando el bono alimenticio, lo cual evidencia la intención gubernamental de “flexibilizar el salario dentro del paquete neoliberal y de capitalismo más salvaje que se haya aplicado en América Latina”. Recalcó que es urgente parar la inflación calculada en 1.300% durante 2017 para detener la pérdida constante del poder adquisitivo.
Considera que “la única defensa actual que tendría el salario del trabajador es dolarizarlo porque todos los productos y bienes se compran al precio del dólar en el mercado paralelo”. Agregó que el incremento de 50.000 bolívares al mes en el ingreso equivalente a 1.666 bolívares diarios, no alcanza para comprar una empanada o un café.
José Antonio García, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, insistió en que el gobierno debe adoptar una política antiinflacionaria a través de la reactivación del aparato productivo agrario y fabril y del sector construcción con la finalidad de crear empleo decente con salario digno para que los trabajadores recuperen el poder de compra.
La Unete propone un cambio estructural en las políticas laborales, lo cual pasa por fijar los salarios sectoriales simultáneamente con los ajustes de los precios de los alimentos y los bienes. “Para ello, se debe instalar una comisión tripartita integrada por el Estado, los patronos y los trabajadores y acabar así con la práctica gubernamental de fijar de manera unilateral e inconsulta los aumentos salariales”, dijo García.
Agregó que el gobierno todavía debe a los trabajadores de las gobernaciones y las alcaldías los aumentos de salario y ticket que entraron en vigencia a partir del 1º de mayo pasado. Ambos sindicalistas denunciaron que con la medida de salario integral, Maduro busca comprar conciencias para la asamblea nacional constituyente.
