Francisco Rodríguez, Economista Jefe de Torino Capital, es crítico respecto a la propuesta oficial de aumentar la producción de petróleo en el corto plazo. En su análisis observa varias razones inherentes a la industria, y al proceso de aislamiento político del país, que reducen las probabilidades de alcanzar esa meta. En un repaso por las decisiones económicas más recientes adoptadas por el Gobierno, el experto financiero cuestiona la petrolización de los salarios. Esa moneda, dice, “carece de significado concreto”. Puntualiza además que la actual Ley del Banco Central de Venezuela, reformada por el presidente Nicolás Maduro, “es altamente problemática”.
–¿Qué opina de lo que dice el economista Luis Oliveros en cuanto a que el dólar paralelo puede llegar a Bs.S 300,00 y cuáles son sus perspectivas para fin de año?
–Sí, considero que es altamente factible. Nuestra proyección para el cierre de año es que vamos a tener un tipo de cambio paralelo de 1.265 bolívares por dólar. Estas son dinámicas propias de una economía que está en hiperinflación. Nosotros consideramos que, por lo menos en los próximos meses, y ciertamente de aquí a final de año, el fenómeno hiperinflacionario va a continuar y esto implica que los precios estarían triplicándose mensualmente. El precio de la divisa es un precio más de un bien más, es la capacidad de compra de bienes importados y, por lo tanto, si los precios están aumentando en cierta magnitud también tiene sentido que el precio de la divisa aumente en esa magnitud. Ultimadamente las causas de este deterioro en el valor de la moneda son las mismas causas de la hiperinflación, en particular, la emisión de dinero y el financiamiento monetario del déficit fiscal de Venezuela
–El diputado de la AN, Rafael Guzmán estima necesario crear una Ley para el rescate del Banco Central de Venezuela y su autonomía. ¿Comparte esta declaración?
–Efectivamente, tiene que existir un instrumento legal que garantice la independencia, autonomía y operatividad del Banco Central de Venezuela para el cumplimiento de las funciones que tiene establecidas dentro de la Constitución y, en particular, la preservación del valor interno y externo de la moneda. La última Ley del Banco Central que tenemos, que fue reformada por Nicolás Maduro a través de una Ley Habilitante hacia finales de 2015, es altamente problemática. Esa ley le da una excesiva discrecionalidad al Ejecutivo Nacional, permite que el Ejecutivo tenga totalmente a su cargo el nombramiento y remoción de directores y subordina al BCV a las directrices del gobierno, restándole la autonomía que debe tener de acuerdo con los artículos correspondientes de la Constitución. El proyecto en este momento sometido a consultas por parte de la Asamblea Nacional toma pasos importantes en la corrección de esas deficiencias y está mucho más acorde con lo que requiere la Constitución y con los principios necesarios para que un Banco Central pueda brindarle al país estabilidad macroeconómica.
–La caída de la producción petrolera venezolana ha generado incertidumbre en el seno de la OPEP de cara a 2019 y que Arabia Saudí espera que se renueve el acuerdo el próximo 7 de diciembre. ¿Cuál es su opinión, cree que Venezuela podrá aumentar su producción como ha dicho el presidente Maduro y exportar un millón de barriles a China?
–En el actual contexto, es difícil ver un incremento de la producción petrolera venezolana. Yo creo que, en la actualidad, nosotros nos estamos debatiéndonos entre dos posibles escenarios: un escenario en el cual se logra una estabilización en una producción de alrededor de un millón de barriles y otro en el cual continúa la caída en la producción y lleguemos dentro de un año a estar por debajo de los 700 mil barriles. Estos dos escenarios ambos tienen probabilidad significativa, y en este momento es difícil decantarse por uno de los dos, pero ciertamente un escenario de incremento de la producción tiene muy baja probabilidad.
Los problemas de la industria petrolera tienen que ver con falta de inversión, falta de capacidad para dirigir recursos a la reactivación de pozos y para contrarrestar el efecto de declive natural de los pozos actualmente activos. La caída también está relacionada con los fuertes problemas operativos de la industria, específicamente aquellos generados por los cambios en la gerencia de la empresa petrolera en diciembre del año pasado. Además, la industria petrolera se ha visto afectada, tal como el resto de la economía general, por el gran éxodo de capital humano que ha ocurrido en el país como parte del fenómeno migratorio. A ello tenemos que sumar que el proceso de aislamiento político del país ha llevado a que los mercados financieros estén totalmente cerrados a Venezuela por las sanciones económicas y por un proceso más general que podríamos llamar de toxificación financiera. En ese contexto, cualquier meta de incremento de la producción luce poco realista, y el objetivo de enviar un millón de barriles a China, a menos que fuese simplemente reflejo de un desvío de barriles que actualmente se envían a otros destinos, también luce poco probable.
–¿Expertos en la materia dicen que Venezuela no puede pagar su deuda con China y que está en default. ¿Comparte esta visión?
–En este momento, nuestras cifras indican que Venezuela tiene un alto superávit en cuenta corriente este año y esto es reflejo del bajo nivel de importaciones. Eso permite que Venezuela continúe sirviendo la deuda con China, Rusia y, en particular, la deuda con Rosneft, que tienen una carga importante en el uso de los flujos de divisas de la nación.
-¿Es imposible que Venezuela cumpla la deuda con China?
– No, no es imposible que cumpla la deuda con China, pero lo haría a costa de un muy bajo nivel de importaciones. Estimamos que para 2018, las importaciones de bienes y servicios cerrarán en $16,9 millardos, el segundo nivel más bajo desde 1950 y apenas por encima de la cifra de 2017, que alcanzó $16,3 millardos. Con respecto a la pregunta concreta sobre si Venezuela está en default con China, en este momento no se puede saber en base a la información pública proporcionada ni por el gobierno venezolano ni por el gobierno chino. Ciertamente, no ha habido ninguna declaratoria formal de default, es decir, si hubiese un default es al acreedor al que le compete declararlo.
–En el contrato de Crystallex se puso como garantía a Citgo. ¿Cree que eso se puede ejecutar y que Venezuela pierda la empresa?
–Venezuela puede perder a Citgo. De hecho, nosotros hemos apuntado a que la pérdida de Citgo es altamente probable porque aún si Venezuela le paga a Crystallex y paga a los tenedores de los bonos PDV20, que utilizan a Citgo como garantía, otros acreedores también pueden reclamar el pago de sus deudas utilizando los activos de la empresa. La estrategia legal seguida por Crystallex, que es lograr el embargo de las acciones de PDV Holdings, la casa matriz de Citgo, puede ser seguida por otros acreedores. Dado que tenemos más de $63 millardos de bonos en default en este momento, cualquiera de esos acreedores puede perfectamente pedirle a una corte norteamericana el embargo de los activos de Pdvsa y, específicamente, de las acciones de PDV Holding para responder por esas deudas; es decir, aún si Venezuela paga a Crystallex, vendrán otros acreedores
–¿Qué opina usted sobre las medidas anunciadas en agosto pasado por el Ejecutivo Nacional, específicamente en lo que respecta a la venta de gasolina en una divisa internacional. ¿Eso es posible cuando el salario mínimo es de Bs.S 1.800,00 y dando un subsidio a través del carnet de la patria?
–En principio, es correcto el uso de precios internacionales y la implementación de un subsidio directo. La comparación del precio de la gasolina con el salario es relevante, y por supuesto que los precios son altos para el poder adquisitivo del venezolano, pero ese problema se puede tratar a través de un mecanismo de subsidio directo. El problema está en que el gobierno no ha implementado ninguna medida al respecto más allá de mostrar un sistema electrónico de cobro. El gobierno no ha procedido al ajuste de precios y pareciera tener temor a hacerlo.
Segundo, no está claro si efectivamente darán un subsidio directo, porque si lo que te permite el Carnet de la Patria es tener acceso a gasolina a un precio más bajo entonces no hay ninguna diferencia entre regalar gasolina y regalar un carnet con el que te regalan la gasolina. Esencialmente, el problema de que la gasolina se consiga a un precio altamente distorsionante, muy por debajo del costo de oportunidad y que, por lo tanto, conlleva a una pérdida económica importante y a altos niveles de contrabando de extracción, es un problema que va a seguir estando allí a menos que se instaure un verdadero subsidio directo a través de transferencias monetarias a los hogares.
Además, es importante apuntar que el Carnet de la Patria es un instrumento que se utiliza con fines políticos para condicionar la participación política de los venezolanos, por ejemplo, en los procesos electorales. Por lo tanto, si bien en principio no debería haber problema con el uso de un mecanismo de identificación para otorgar subsidios directos, e incluso indirectos, lo que va claramente en contra de la ley y la Constitución venezolana es mezclar eso con un instrumento de condicionamiento político que ha sido utilizado para la compra ilegal de votos.
–El Gobierno petrolizó los salarios. ¿Es una medida adecuada?
–En este momento, el petro todavía no existe como una moneda con un valor de cambio específico fijado, no hay transacciones, no hay un lugar donde puedas intercambiar petros por bolívares y no se han implementado modalidades de pago en petros. Es decir, creo que esa petrolización de los salarios carece de significado, de la misma forma que el petro carece de significado concreto. Es importante comprender que, aún si el petro entra en funcionamiento, el hecho de que el gobierno determine cuantos petros están en circulación y que el gobierno tenga la plena facultad para emitir petros hacen que el petro no sea en esencia distinto del bolívar, sino simplemente una moneda más emitida por el gobierno. Entonces, ahí no hay distinción entre petrolizar los salarios y seguir pagándolos en bolívares. Esto es muy distinto de la propuesta que se le hizo a la nación como parte del Programa de Gobierno de Henri Falcón, que fue la propuesta de una dolarización plena de la economía, en la cual los venezolanos podrían recibir sus salarios en dólares, tener cuentas en dólares y hacer transacciones y cambiar todo tipo de contratos en la economía a dólares. Eso te da la garantía de que tienes un salario en una moneda cuya disponibilidad no está controlada por el Estado; si el Estado puede imprimir todos los petros que quiere, lo cual quedó claro en la última modificación que se le hizo al White Paper, no hay ninguna garantía de que no vayamos a tener un proceso hiperinflacionario en petros. Esto también tiene que ver con la respuesta a la pregunta
–Respecto a la presentación del presupuesto nacional en bolívares soberanos y petros. ¿Es favorable para el país cuando se dice que habrá una inflación en una y otra moneda?
–La única diferencia que el petro tiene con el bolívar es que es otra moneda diferente emitida por el gobierno, pero podemos prever que va a tener el mismo comportamiento, la misma pérdida de valor fundamental, y que la decisión de presentar el presupuesto en bolívares soberanos y petros, no va a ser más que una convención contable de poca o ninguna implicación económica.
–El gobierno anunció que inyectará 2.000 millones de euros al sistema cambiario nacional porque aumentaron los precios del petróleo. ¿Esto es posible y se podrá cambiar el dólar como moneda de referencia a la economía nacional y como este anuncio ayudará al aparato productivo nacional?
–Nuestros cálculos indican que, a pesar de que ha habido un aumento de los precios del petróleo, la caída en la producción ha contrarrestado el efecto de ese aumento de los precios, por lo cual, los ingresos por exportaciones no han aumentado. Eso quiere decir que va a ser difícil para el gobierno conseguir 2 millardos de euros para inyectarle al mercado. Si llegase a hacerlo, eso implicaría que el gobierno estaría disminuyendo las importaciones públicas u otros usos que le da a esas divisas, lo cual sería bienvenido, pero en estos momentos hay bastantes razones para ser escéptico sobre este anuncio.
El gobierno ha hecho tantos anuncios y modificaciones en el sistema cambiario, incluso el de la libre convertibilidad que no fue cumplido, que en este momento este tipo de compromisos que el gobierno dice estar asumiendo tienen muy poca credibilidad.
“No hay derechos de propiedad”
A Francisco Rodríguez, economista con doctorado en la Universidad de Harvard, se le consultó sobre la apertura de cuentas en dólares –antes en euros– que promueve el gobierno en la población. ¿Esto es posible, hay recursos para eso, de dónde lo sacará el gobierno?
Sostiene el analista y Economista Jefe de Torino Capital que “el problema que hemos tenido con las cuentas en dólares en Venezuela, es que han sido utilizadas solamente por aquellos agentes que participan en el Dicom para recibir divisas y solo porque eso es un requerimiento legal. En este momento no hay un sistema de garantía de los derechos de propiedad y, en particular, de la disponibilidad de las divisas que podrían estar depositadas en cuentas nacionales en moneda extranjera como para que los venezolanos se sientan seguros abriendo cuentas en dólares, euros, yuanes o en cualquier otra moneda el país”. “La pregunta de fondo”, advierte, “es si el gobierno tiene la capacidad y la disposición de permitir que cuando un venezolano pone 100 dólares o euros en una cuenta ese venezolano puede estar seguro de poder retirar esos recursos en el momento en que los necesite”.
La realidad es que como el gobierno venezolano “mantiene el control sobre las transacciones de capital, también tiene la facultad de imponerle un ‘corralito’ a las cuentas en divisas y, por lo tanto, la expectativa de que, si ultimadamente hay depósitos importantes en estas cuentas, el gobierno se financie utilizando estos recursos, es algo que lleva a que todo venezolano que pueda, prefiera tener sus divisas fuera del país. Ese es un tema que tiene que ver con el sistema de protección de derechos de propiedad y la falta de capacidad del gobierno de otorgarle garantías a los tenedores de divisas en las cuentas locales de que ese derecho va a ser respetado”, refiere el especialista.
