Para la Fiscal General Luisa Ortega Díaz “Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana”, dada la situación política y económica actual.
En entrevista con el periodista opositor Nelson Bocaranda en Unión Radio, ante su veto en medios del Estado, la Fiscal se pronunció sobre el antejuicio de mérito en su contra aperturado por el TSJ a solicitud del Diputado Pedro Carreño.
En su opinión, sobre el país se cierne un oscuro panorama de destrucción del Estado, el cual puede entenderse como disuelto. “Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana actualmente, no solo se están perdiendo sus derechos constitucionales, sino que también se corre el riesgo de perder esta institución”.
Agregó que “es el deterioro del Poder Judicial, es la descomposición. El pueblo reclama justicia y no la hay, sino que hay una justicia para aquellos casos que constituyen una amenaza para la estabilidad del oficialismo. Es perseguir al enemigo interno, perseguir a la disidencia política”.
Añadió que las instituciones no pueden estar para atemorizar a los ciudadanos, por el contrario los funcionarios tienen que ofrecer garantías.
Insistió en que esta situación es la muerte del derecho, del Estado de Derecho, es la pérdida de las instituciones y con ello quizás se esté cerrando la última puerta de la democracia que es el Ministerio Público.
Aseguró que llegará hasta donde se lo permitan la Constitución y las leyes.
Ortega Díaz dijo que la decisión del TSJ acerca de la admisión de la mencionada solicitud es grotesca; además, se observa una parcialidad en algunos magistrados que es sospechosa.
En tal sentido, recordó que el proceso de designación de estos funcionarios, en diciembre de 2015, estuvo plagado de muchos vicios e irregularidades, y que algunos de ellos no poseen credenciales, otros han sido denunciados por la comisión de hechos punibles y otros condenados por delitos graves.
En cuanto al proceso de designación de los 13 magistrados del TSJ dijo que desde un principio advirtió que ese procedimiento estaba mal hecho y reiteró que hay pruebas de que nunca firmó el acta, ni asistió a ninguna reunión para la evaluación de los expedientes de estas personas.
El documento que presentaron para distraer fue el de un encuentro fijado para el 10 de diciembre, pero en esa fecha no habían llegado los expedientes al Consejo Moral Republicano, ya que llegaron fue el 14 de diciembre a la 1:10 de la tarde, agregó.
Del mismo modo, mencionó que fue el 17 de diciembre cuando enviaron los expedientes al TSJ sin consultarlo con ella, lo que hace imposible que hubiera podido revisarlos o aprobarlos, estas acciones irregulares justifican el hecho de que hoy día se emitan sentencias que adolecen de criterios jurídicos, y atenten contra el Estado de Derecho.
Afirmó que ha accionado contra ellos y estos bochornosamente declararon su propio sobreseimiento.
La Fiscal General dijo que está preparada para afrontar cualquier escenario, pues un funcionario de Estado debe asumir su rol con seriedad y responsabilidad, sin embargo, manifestó que desconoce lo que se pretende con ella, pues actualmente el país carece de seguridad jurídica y está inmerso en un estado de terror.
Fiscal General no ha sido convocada a otra reunión sobre la ANC
En cuanto a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la Fiscal General recordó que cuando se le invitó a una reunión para tratar el tema le envió una comunicación a Elías Jaua, en la que claramente exponía sus razones.
Aclaró que no se le ha convocado a otro encuentro y que en caso de que se le invite ella asistiría, porque siempre ha pregonado que el diálogo es la manera de entenderse.
Aseguró que no se puede convocar a las personas para hablar sobre la constituyente y exponer lo que se quiere hacer, sin oír las opiniones de los demás.
Ratificó que está en contra de la ANC, y sin embargo no se ha abierto la discusión al respecto, y enfatizó que ese proceso debe ser consultado al pueblo venezolano.
Derechos humanos violentados
En cuanto a la muerte del adolescente de 17 años de edad, ocurrida la tarde del pasado lunes 19 de junio durante una manifestación en Altamira, la Fiscal General informó que hay tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detenidos: el sargento primero Raymon Ávila León, así como los sargentos segundos Johan Rojas Díaz y Jesús Alberto Báez.
Por otra parte, señaló que hay 23 órdenes de aprehensión sin materializar contra efectivos de la GNB por la muerte de varias personas ocurridas durante las últimas manifestaciones en el país.
Adicionalmente, rechazó prácticas como las efectuadas en el urbanismo conocido como “Los Verdes” de El Paraíso, así como las actuaciones de grupos civiles armados o las órdenes de excarcelamiento no acatadas por parte de los tribunales.
En ese sentido, enfatizó que estos hechos también violan los derechos de las personas y representan el desmantelamiento del Estado del Derecho. Al respecto sentenció que es grave este tipo de situaciones que se están viviendo en el país.
Reveló que el ataque contra el Ministerio Público viene por su postura en defensa de los derechos humanos.
Balance de actuaciones
Durante el espacio radial igualmente informó que a la fecha se han registrado 74 fallecidos, 1.413 lesionados, de los cuales 1.138 son civiles y 275 son efectivos militares o policiales; 3.971 procesados, 63 de ellos por derechos fundamentales.
Mencionó que hay 532 privados de libertad y se han presentado 57 acusaciones, además de 6.988 diligencias realizadas.
Sin seguridad
La máxima representante del Ministerio Público manifestó que el lunes de 19 de junio se produjo una actividad de apoyo por parte de los funcionarios del Ministerio Público y otros sectores durante la cual se dirigió a los presentes, sin embargo denunció que en el desarrollo de la actividad se reportaron distintas agresiones contra los trabajadores y ocho robos.
Ortega Díaz también rechazó que este 20 de junio, durante una concentración de mujeres oficialistas se registraron agresiones contra Patricia Ceballos, quien se disponía a ingresar a la sede principal de la institución, situada en la avenida México de Caracas.
Al respecto, indicó que en reiteradas oportunidades se ha intentado contactar a los cuerpos de seguridad del Estado para solicitar resguardo y ha sido imposible la comunicación con ellos, lo que vislumbra una falta de atención de su parte.
