La representante del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández, lamenta que se “pretenda violar el derecho de padres y representantes a decidir cuánto es el costo de inversión del proyecto educativo” para la formación de sus hijos.
Durante entrevista en Vladimir a la 1 que transmite Globovisión, Hernández lamentó que la Resolución 0027 esté enmarcada en la Ley de Precios Justos “como si la educación no fuese un derecho humano o un servicio que el Estado tiene la obligación de garantizar”.
Consideró en este aspecto que “pretender usar el mismo tabulador de bienes y consumos para el sector educativo es aberrante”, al tiempo que calificó la resolución de “ilegal”.
Lamentó igualmente que se obligue “de manera compulsiva a los 4890 planteles educativos de educación básica privada de Venezuela a inscribirse a la plataformas Patria”. Dijo que “es una violación al derecho de asociación”.
“Esta obligación es para gozar de unos beneficios que no alcanzamos a determinar cómo se concreta con relación al salario. Para complementar hasta llegar al salario mínimo o a un tabulador que no es el de la convención colectiva del sector docente, y está por debajo de lo que las asambleas aprobaron”.
“Igualan el salario hacia abajo”
Tras señalar que “el maestro es uno solo: trabaja en el sector oficial o en el sector privado”, dijo que la totalidad de las centrales de educación “piden que se respete la convención colectiva porque la resolución contempla un salario tope, lo que es inconstitucional: no podrán devengar sueldos superiores al tabulador del Ministerio: entre 1 y 3 salarios mínimos”.
Indicó igualmente que “la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) no tiene competencia en el sector educativo” y que “las asambleas son autónomas en sus decisiones“. Por esa razón, dijo, “no podrán aceptar la tutela del Estado”.
Sostuvo que lo que se busca desde las autoridades gubernamentales “igualar (el salario) hacia abajo. Y eso es contra la Constitución, porque ella establece un salario mínimo“, no uno máximo. “Si quiero retener talento académico, un mecanismo es mejorar la oferta salarial”, algo que se vería afectado.
Cobro de matrícula en dólares
Consultada con respecto al cobro en dólares en algunos colegios, justificó que hay “colegios binacionales que tienen un funcionamiento distinto. Cualquiera que presente un proyecto educativo de acuerdo con otro país, tiene contraparte en bolívar y en moneda extranjera”. No obstante, matizó que “todo se tendría que cobrar en bolívares”.
Preguntada sobre ¿quién protege a los que no pueden pagar un aumento aprobado?, explicó que “un colegio que brinde en su formación: deportes, idiomas, música, artes, valores religiosas, siempre será presentado en la asamblea de padres y representantes, que tiene el máximo poder de decisión basándose en la estructura de costos”.
Insistió en que sus decisiones son vinculantes y opinó que “el Gobierno nacional ha tratado de impedirlo, mientras no hay opciones en la educación oficial y los padres se ven obligados a ir hacia el sector privado”.