Al igual que el régimen cambiario, el control de precios acaba de cumplir 15 años y, pese a que se le reconoce como uno de los principales causantes de la crisis económica actual, las autoridades insisten en continuar imponiendo el monto al que se deben comercializar ciertos bienes y servicios.
En febrero de 2003, el gobierno decidió instaurar el control de cambio para superar la crisis luego de la huelga general de empresarios y trabajadores. Por temor a que todos los productos encarecieran, el Ejecutivo también optó por imponer el control de precios, y el 11 de febrero publicó en la Gaceta Oficial N° 37629 una lista con los primeros precios regulados.
A pesar de que la coyuntura se superó, el gobierno decidió prolongar la vida de los controles y cada vez amplió más la lista de productos regulados. Pero con el paso de los años quedó demostrado que las regulaciones no sirvieron para controlar la inflación, sino que la desbocaron.
Cálculos del economista Humberto García Larralde, basados en cifras del Banco Central de Venezuela y de la Asamblea Nacional, indican que entre febrero de 2003 y diciembre de 2017 la inflación acumulada fue de903.162%.
“El control de precios ha provocado grandes distorsiones que han perjudicado a la población. No ha contribuido a acabar con la inflación, sino a encarecer los bienes, a empobrecer a los venezolanos”, afirmó.
El economista aseguró que el alto nivel de desabastecimiento y la escasez que hay en el país tienen su origen en los controles. Recordó que la mayoría de los precios fijados por el gobierno han sido muy bajos y no han reconocido los costos de producción, razón por la que algunas empresas industriales han reportado grandes pérdidas y han decidido cerrar.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, coincidió con García Larralde. Recordó los casos de empresas como Clorox y Kimberly Clark, que, presionadas por los controles y por demás distorsiones de la economía, debieron despedirse del mercado venezolano.
Aseguró que hay empresas que no han cerrado sus puertas por completo, pero sí han tenido que paralizar ciertas líneas de producción porque los precios establecidos por el gobierno no cubren costos, y mucho menos generan rentabilidad.
“Los controles también han desincentivado la actualización tecnológica, una empresa que apenas se puede sostener no va a tener con qué invertir en maquinarias o en nuevos productos”, afirmó Olalquiaga.
Cifras de Conindustria indican que desde 1998 hasta la fecha han cerrado más de 8.000 empresas industriales. “Había 12.700 compañías que empleaban alrededor de 630.000 personas de manera directa. Ahora calculamos que hay 3.800 empresas, que emplean a 250.000 personas”, dijo.
Precisó que en este momento las empresas que quedan en el país solo usan 25% de su capacidad instalada y, ante la ausencia de cambios económicos, algunas creen que deberán cerrar sus puertas.
Mercados negros. La caída en la producción se reflejó en los estantes de los establecimientos comerciales, donde los productos regulados prácticamente están desaparecidos.
Por varios años el gobierno se encargó de hacer grandes importaciones de bienes terminados y la escasez no fue tan evidente. Pero después de 2014, con la caída de los precios del petróleo, también se redujeron las compras de bienes. Los venezolanos debieron, entonces, empezar a madrugar en colas fuera de establecimientos comerciales en la búsqueda de algún producto de primera necesidad.
García Larralde recordó que, además del desabastecimiento y la escasez, el control de precios también fomentó la aparición de los llamados bachaqueros, personas que adquieren los bienes regulados y los revenden a un costo varias veces por encima de su valor, y se aprovechan así de la necesidad de otros.
Los bachaqueros no han tenido muchos problemas para vender, pero sobre el sector comercial las autoridades sí han emprendido una tenaz persecución. Con frecuencia la Superintendencia para la Defensa Nacional de los Derechos Socioeconómicos los visita y les obliga a bajar precios.
“El sector comercial ha sido muy acosado y perseguido. A los comerciantes se les trata como delincuentes y no se atacan las verdaderas causas de la crisis”, afirmó María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio.
Insistió en que se debe incentivar la producción nacional: “Necesitamos que el gobierno, cualquiera que sea, entienda que es la libertad lo que va a mejorar la economía, no las restricciones. Que los controles de precio no conducen a nada”.
En septiembre del año pasado el presidente, Nicolás Maduro, reconoció que los sistemas de control de precios que han usado no son eficientes. Sin embargo, propuso una nueva Ley de Precios Acordados y en enero de este año otra ola de fiscalizaciones hizo que los supermercados se quedaran vacíos.
