Gremios empresariales rechazaron la convocatoria a la asamblea nacional constituyente propuesta por el gobierno. Coinciden en que la solución para la crisis económica no depende de la creación de una nueva Constitución.
“El país exige alimentos, medicinas, seguridad, paz, estabilidad política, social y económica, instituciones democráticas, restablecer el orden constitucional, activar el cronograma electoral y respetar los espacios de diálogo”, considera Fedecámaras.
El gremio manifestó que está dispuesto a respaldar cualquier proceso electoral, siempre y cuando esté enmarcado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sea sustentado en el voto libre, directo, universal y secreto. “Un ciudadano, un voto”, señaló.
Fedecámaras expresó que en un sistema democrático los poderes públicos deben garantizar respuestas oportunas a las necesidades de la ciudadanía y no solo a una parcialidad política. “Nuestro país requiere soluciones urgentes que solo serán el resultado de consensos, producto de un diálogo confiable, que será posible cuando se recupere el orden constitucional”, explicó.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, piensa que la discusión en este momento no debe ser la asamblea nacional constituyente sino celebrar elecciones para cambiar a los gobernantes. “La constituyente no es una solución para los problemas de producción que afronta el país. Los problemas se derivan de malas políticas económicas que nada tienen que ver con la Constitución. Los gobernantes han instaurado medidas deficientes que se resisten a cambiar. La discusión son las políticas económicas, no la Constitución”, dijo Olalquiaga.
Las soluciones, según el presidente de Conindustria, se encuentran en la carta magna vigente. “Los mecanismos para resolver la situación están establecidos en la Constitución. Tanta carencia, tanto empobrecimiento en el que se encuentra el país, y están llevando la discusión hacia lo netamente político”, comentó.
Uno de los errores cometidos por el gobierno, señaló Olalquiaga, ha sido impartir una ideología a los trabajadores, en lugar de enfocarse en optimizar la capacitación. “Con adoctrinamiento no se produce. Se han mermado las competencias técnicas de los empleados. Esta es una de las políticas perversas que han ido destruyendo la economía”, considera.
