El año que concluye ha sido el peor para los trabajadores como consecuencia de la errada política económica y laboral del gobierno, que ocasionó la destrucción de un millón de empleos en el sector privado, de acuerdo con las proyecciones de la Unión Nacional de Trabajadores.
Las cifras de la Unete están basadas en la información suministrada por las organizaciones sindicales en las zonas industriales y comercios de todo el país. “Todavía está la incertidumbre de que por el agravamiento de la situación económica en enero de 2017 cierren más empresas y negocios, lo que pone en peligro otros 500.000 puestos”, alertó Servando Carbone, coordinador de Unete.
El representante de la central obrera explicó que solo con los saqueos de 360 comercios durante los recientes disturbios de Ciudad Bolívar más de 1.000 personas se quedaron sin trabajo. Señaló que las empresas e industrias atraviesan una situación dramática debido a la falta de divisas para importar materia prima y los insumos que les permitan continuar con los procesos productivos.
Sobre el sector público indicó que el 31 de diciembre 300.000 trabajadores de los organismos quedarán sin empleo porque vencieron sus contratos de trabajo a tiempo determinado. “Seguro que el presidente Nicolás Maduro prolongará el decreto de inamovilidad, una mentira del gobierno porque él es el responsable de la destrucción de los empleos”, sostuvo Carbone.
La salida masiva de los trabajadores de la administración pública y las empresas privadas se traducirá en el crecimiento de la economía informal que, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, ocupa actualmente 6,06 millones de personas: 43% de 14,1 millones de individuos de la población económicamente activa.
Contratación colectiva
Otra materia pendiente del Estado con sus 2,8 millones de trabajadores es la discusión y firma de 500 contratos colectivos vencidos desde hace 5 años con alcaldías, gobernaciones y otras instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada.
En cuanto a las convenciones firmadas en 2016 (los contratos colectivos marco del sector público, eléctrico y petrolero) Carbone refirió que “el patrono Estado escatimó los derechos de los trabajadores como ocurrió con la bonificación de fin de año, ya que percibieron 30% menos porque no les incluyeron las incidencias salariales”.
La bonificación del salario es otra mala praxis gubernamental de 2016 señalada por la Unete, pues por los decretos presidenciales 60% del ingreso de los trabajadores quedó para comprar comida a través del ticket alimentación, mientras que el 40% restante corresponde a salario.
“Los aumentos exclusivos al sueldo mínimo y el bono de alimentos se volvieron sal y agua con la elevada inflación”, denunció el sindicalista. Recordó que en 1997 se eliminó la bonificación salarial fuertemente criticada entonces por quienes hoy están en el poder.
Carbone indicó que 3,4 millones de pensionados del Seguro Social esperan por el pago del ticket de alimentación y medicinas prometido por Maduro en febrero de 2014.
La conflictividad laboral también aumentó en 2016. Carbone agregó que diariamente se registraron acciones de protesta como tomas pacíficas de centros de laborales y calles, paralizaciones de actividades y reclamos ante el Ministerio del Trabajo y los tribunales laborales.
