El Amparo Constitucional interpuesto ante el TSJ contra el CNE, por el Consejo de Contraloría Social del Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ) y por la representación de Marea Socialista, que pide la “Nulidad de las Elecciones” del pasado 20 de Mayo (Presidenciales y de Consejos Legislativos), incorpora soportes para la “demostración de oferta de compra de votos con recursos del Estado“, y señala que el CNE lo prohibió, pero no sancionó al candidato que lo ofreció”, por lo que se sostiene, en el recurso, que “ahí hay tanto un delito electoral grave”, como hay por parte del CNE una “falta de aplicación de la ley”, una una vez que reconoció el ilícito electoral.
Así lo sostienen Carlos Paredes, del CCSSJJ y Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, quienes solicitaron dicho Amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado día jueves 31 de mayo. Con anterioridad a la introducción del Recurso, los accionantes publicaron, en el portal Aporrea.org, una nota en la que se ofrece un listado de enlaces a noticias y audio-videos de prensa que según ellos demuestran la oferta de un premio por votar, con presentación del carnet de la patria, que fue efectuada por el presidente reelecto, Nicolás Maduro,en estas elecciones (Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n325607.html). En el documento de la acción judicial se afirma que esto quedó recogido como hecho público, notorio y comunicacional ante toda la sociedad venezolana y por consiguiente ante el propio Consejo Nacional Electoral, que prohibió posteriormente el pago de incentivos por el voto, pero que no tomó ninguna medida correctiva ni sancionatoria del impacto de esa oferta “engañosa” e “ilícita” sobre las elecciones.
El listado de enlaces conduce a diversidad de noticias publicadas por medios nacionales e internacionales que incluyen videos donde el presidente Maduro y candidato electo efectúa el ofrecimiento de un “premio bien bueno” al que vaya a votar, con el carnet de la patria, lo que se entiende como un pago con recursos del Estado por ir a votar por una parcialidad política.
Les llama la atención que esto haya sido pasado por alto, mientras que el propio presidente Maduro denunció a diputados del estado Amazonas, de la Asamblea Nacional (AN), que luego fueron suspendidos por compra de votos y eso llevó a la situación de ‘desacato’ por la que se dejó inoperante a la Asamblea Nacional, según se puede observar en la siguiente noticia: Presidente Maduro solicita investigar presunta compra de votos por parte de la oposición Prensa YVKE-PGR – www.aporrea.org 10/12/15 – www.aporrea.org/oposicion/n282507.html
Recordaron Gómez y Paredes que, en esa oportunidad, el Jefe del Estado señaló que “este tipo de anomalías van en concordancia con todas las acciones de sabotaje realizadas por personas que no respetan las normas del juego al aplicar guerra sucia contra el pueblo”, como puede apreciarse en la citada noticia.
La presidenta del Poder Electoral venezolano, Tibisay Lucena, informó el mismo 20 de mayo, día de las elecciones, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) prohibió el pago de bonos a quienes participen en las elecciones ofrecido por el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro.
“No se va a realizar pago de bono ni incentivo monetario en los puntos”, dijo la rectora principal del CNE que aseguró que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se comprometió a aceptar este y otros requerimientos de las autoridades: http://www.notiworld.com.ve/en-video-ultima-hora-consejo-nacional-electoral-prohibe-a-nicolas-maduro-pagar-bonos-a-electores-tras-las-elecciones-presidenciales
Al no actuar como corresponde, según la Constitución y la Ley, tanto el candidato presuntamente infractor como el organismo electoral degradan o permiten que se degrade la “dimensión ética” de las elecciones y “comprometen seriamente los derechos de los electores y la legitimidad electoral”, exponen los accionantes del Recurso. Y en esto hay que hacer “un llamado también a la militancia del PSUV a discutir esto, porque con tales métodos se estarían violentando también los principios y estatutos de ese partido, además de la Constitución y las leyes; a lo que hay que agregar que se cambia el convencimiento político por los ofrecimientos dinerarios para votar, y… eso indudablemente no es hacer revolución ni se corresponde con la democracia que alguna vez se quiso implantar”, declaró Gómez, de Marea Socialista.
Paredes, apuntó que, como lo dicen en el Amparo: “Aspiramos con esta acción judicial, además de obtener una respuesta adecuada, que la Sala Constitucional establezca pautas sobre la obligación que tienen los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, independientemente el nivel de sus responsabilidades, de cumplir con los artículos 5, 62, 67, 293, 294 y 298 de la Constitución”.
El Amparo solicita, como medida cautelar, la nulidad de las juramentaciones: “En atención al artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación al reglamento de procesos electorales y la Ley de Partidos Político que garantiza la Constitución de grupos de electores y participación por iniciativa propia en las elecciones regionales que no se garantizaron en esta convocatoria de consejo legislativo estatales, que son totalmente diferentes a las elecciones Nacionales de presidente de la Republica y en razón de los ilícitos electorales que se suscitaron y que son públicos, notorios y comunicacionales nos motiva a solicitar con urgencia la nulidad de las juramentaciones Nacional y Regionales del Presidente de la Republica como de diputados a los consejos estadales”.
Por otra parte, hace el petitorio de que sean anuladas las elecciones mismas: “Por las razones de hecho y de derecho expuestas, solicitamos a esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia ordene al Consejo Nacional Electoral respetar el derecho y permitir el deber en ejercicio de la democracia participativa que consagra el artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se garantice la participación y el pluralismo político generando las condiciones más favorables para la práctica en la constitución de organizaciones políticas y las garantías electorales para poder participar en las elecciones Nacionales y regionales y ANULAR el proceso de las elecciones del 20 de mayo 2018 y llamar a elecciones con un nuevo cronograma electoral con las debidas garantías que emanan de la norma máxima del País”.
Próximamente, según lo indican los accionantes, se procederá a incorporar adhesiones al Recurso, para lo cual invitan a todo los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones que estén de acuerdo a que se sumen activamente con su respaldo.
Por otra parte, dadas las implicaciones del caso, estarán solicitando todas las garantías de protección hacia quienes han decidido ejercer sus derechos a través de esta acción.
