Hace 10 años, Cúcuta era considerada el paraíso de las compras por los venezolanos. En ese entonces, las políticas monetarias emprendidas por el presidente Hugo Chávez favorecieron el cambio de dólares de los extranjeros, que atravesaban con sus carros por los puentes internacionales para invadir los centros comerciales, restaurantes y hoteles de la ciudad fronteriza.
Ese frenesí comercial elevó el entusiasmo económico de los cucuteños. Los gremios económicos pronosticaban un repunte en ventas, mientras que los venezolanos se arremolinaban en los locales de ropas y electrodomésticos para vaciar las estanterías.
Una década después, el panorama es otro: el cierre de frontera decretado hace un mes, el 23 de febrero, obliga a los venezolanos a cruzar en un frenesí parecido, pero esta vez por las trochas, con los bolsillos vacíos y huyendo de un país que se desmorona entre la falta de alimentos y los constantes cortes en servicios básicos.
Delegados del oficialismo, autoridades locales y regionales, que han estado presentes en las crisis fronterizas de los últimos años, coinciden en que el bloqueo reciente es el más grave y tiene mayores implicaciones humanitarias.
En primera medida, la expulsión de Caracas de cerca de 200 cónsules y funcionarios, que integraban el cuerpo diplomático colombiano en ese país, y la instalación po Nicolás Maduro de contenedores en los cruces fronterizos, con graves riesgos para esas infraestructuras, son hechos sin precedentes en la historia de hermandad entre ambas naciones.
“En el punto de movilidad hubo una afectación para los niños, más de 4.000 estudiantes venezolanos asisten a clases en Cúcuta y Villa del Rosario; para los enfermos, para la gente que vive de los cambios monetarios. Ahorita no hay forma de obtener recursos. Esta decisión afecta a Colombia, pero muy en particular a los venezolanos, y eso es un absurdo de Maduro que impacte de esa forma a su propia población”, explicó Felipe Múñoz, gerente de fronteras del gobierno nacional.
Ese crítico panorama humanitario mejoró con la decisión de Venezuela de habilitar el corredor peatonal por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander para la población escolar y más de 1.800 enfermos. Migración Colombia ha reportado el ingreso de cerca de 22.752 personas a través de esas infraestructuras, desde el 27 de febrero hasta el 20 de marzo.
Sin embargo, la migración irregular por las más de 57 rutas ilegales, identificadas por las autoridades a lo largo de esa zona de frontera, sigue disparada. Se calcula que de los 35.000 ciudadanos en tránsito diario por este territorio binacional antes del cierre, aproximadamente 10.000 acuden a esas trochas para aprovisionarse de productos que escasean al otro lado de la frontera.
“Acá se está manejando un componente de seguridad sobre dos trochas de los Mangos y La Isla. En ambos lugares, la fuerza pública ha estado haciendo presencia y el principal motivo de uso de este camino sigue siendo el aprovisionamiento de víveres y medicamento, y el paso de personas que trabajan de manera formal e informar en este territorio del país”, aseveró Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza de Cancillería.
Las divisas, el sector más afectado
A eso se suma la parálisis financiera en la que está sumergida la economía de Cúcuta, donde sectores como el de divisas, supermercados y transportistas de carga reportan un estrepitoso descenso de 60% en sus actividades comerciales.
La recesión está causando gran preocupación, porque el entorno empresarial se venía recuperando de los coletazos generados por el cierre de frontera de agosto de 2015 y se estaba acoplando a la demanda de los venezolanos, que venían de todas partes a adquirir productos y servicios pese a sus reducidos ingresos.
Uno de los gremios más afectados es el de las remesas, que ha reportado una merma de 65% en las ventas, lo cual pone en riesgo la continuidad de 680 empleos directos. Un negocio de este tipo tuvo un reporte de venta semanal superior a 7.000.000 de pesos antes del bloqueo limítrofe. Ocho días después, la actividad se vino abajo y apenas se recaudaron 3.000.000 por el mismo concepto.
“El impacto a partir del 23 de febrero fue inmediato y es bien alto (…) esta reducción se ve en la compra de bienes y servicios, en los supermercados de Cúcuta y Villa del Rosario. De otra parte, la reducción en la comercialización de medicamentos y remesas”, precisó Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Frente a ese cuadro crítico, las autoridades locales y regionales presentaron esta semana un pliego de peticiones de 19 puntos, en el que se solicitaba, entre otras cosas, recursos y acciones del gobierno Nacional para la generación de empleo y modernización del tejido empresarial.
El alcalde de Cúcuta, César Rojas, presidió la entrega de solicitudes y espera que en 15 días la Vicepresidencia atienda la problemática fronteriza y se incluya la mayoría de las propuestas, que apuntan a conseguir cerca de 2.000 millones de pesos y la apertura de créditos para pequeños empresarios.
“Nosotros somos la ciudad fronteriza más grande con Venezuela y por esta razón somos los más afectados (…) Es necesario que la gente vuelva a entrar, porque la economía cotidiana lo necesita. Mientras esto se resuelva, es urgente medidas de choque, de corto, mediano y largo plazo, y que están en el Plan de Desarrollo”, concluyó el mandatario local.
