En un nuevo documento sometido a la consideración de la Corte del Distrito Sur de Texas, Bariven responde a la negativa del gobierno de Estados Unidos de que se declare, en esta etapa del proceso, a la filial de Pdvsa como víctima del esquema de sobornos ejecutado por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, y que superó un millardo de dólares a empleados de la petrolera para hacerse de jugosas contrataciones para el suministro de equipos y servicios.
En la moción que introdujo Bariven a la Corte dice: “La posición del gobierno norteamericano es inaceptable, y el tribunal debe ignorar dicha opinión y proceder a reconocer a la filial de Pdvsa como víctima del crimen cometido por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, y el equipo de personas que participaron en el esquema de sobornos para lograr contratos petroleros”.
Sostienen los abogados de la empresa que el juez no puede aceptar que “el gobierno de Estados Unidos quiera ignorar un mandato que le corresponde por ley a la representación de la empresa estatal venezolana”. Señalan que Bariven es escéptica a la propuesta gubernamental de dejar para última etapa del proceso judicial la decisión de reconocimiento de derechos como víctima y, por consiguiente, la restitución a que haya lugar.
Recuerdan que la primera y única reunión de esa empresa con el gobierno de Estados Unidos, el 13 de diciembre de 2016, el ente oficial se negó a revelar a la organización la información confidencial del caso, por el hecho que no considera que sea una víctima del crimen cometido por los empresarios procesados.
Critican que la Fiscalía haya argumentado en su moción que el tribunal “no tiene que decidir si Bariven califica como víctima en este punto del procedimiento judicial”.
Consideran que la solicitud del gobierno de retrasar la audiencia sobre la moción de la empresa hasta la sentencia, contradice lo pautado en las leyes. En el documento se aclara que Bariven subrayó al gobierno que no solicita información confidencial sobre las investigaciones en curso por los entes federales. “Solo busca sus derechos bajo la ley, incluso información conocida por el gobierno que ayudará a Bariven a llegar a una cifra de restitución precisa y permitirle seguir purgando completamente a los malos empleados y procedimientos de la empresa”.
Añaden que la posición del gobierno de Estados Unidos con respecto a Bariven “es desconcertante”, ya que en la acusación original se describen los actos criminales de los dos acusados, Rincón y Shiera, como un mecanismo de victimización a la empresa.
En la acusación se aduce que Bariven fue victimizada por los varios contratos con sobrevaluación y sobrefacturación de los equipos que no entregaron y de servicios nunca ejecutados o completados, añaden los abogados.
