La persecución laboral dentro Servicio de Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ha sido la política constante en los últimos dos años. Sin embargo, a partir de la consulta electoral opositora del 16 de julio y la elección de la asamblea nacional constituyente del 30 de julio, hasta la presente fecha se ha registrado un centenar de despidos de funcionarios, aseguraron fuentes allegadas al Seniat que pidieron no mencionar sus nombres.
“El modelo de la carta de despido, que ya viene escaneada y con la firma del superintendente José David Cabello, señala el cese de la relación laboral con el trabajador porque su cargo es de libre nombramiento y remoción lo cual no es cierto, porque los afectados son funcionarios de carrera con más de 15 años de servicio en el Seniat”, indicó uno de los voceros.
Otra fuente insistió en que la razón de la medida es política: los cien despedidos, fundamentalmente de las oficinas regionales del organismo, fueron señalados como opositores por los jefes y los patriotas cooperantes en el Seniat, porque participaron en el firmazo de la oposición, se abstuvieron en la elección de la ANC o se niegan a acudir a los actos y marchas del PSUV y el gobierno.
“Desde agosto, el Seniat preparó la lista para repetir la razia aplicada a 300 funcionarios que fueron despedidos el año pasado, porque firmaron para solicitar el referéndum revocatorio a Maduro. Estos trabajadores no han sido reenganchados en sus puestos, pese a que se trató de despidos injustificados e ilegales”, dijo otra fuente.
Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, informó que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene credibilidad ante la Organización Internacional del Trabajo como consecuencia de las denuncias sustentadas de acoso laboral y despidos injustificados de funcionarios del sector público, que la Unidad de Acción Sindical ha introducido en la OIT.
La UAS está integrada por la Únete, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Central General de Trabajadores y la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela.
“Llamamos a todos los trabajadores amenazados con despido u otras sanciones a entregar sus denuncias para incorporarlas al expediente de violaciones del gobierno de Venezuela contra los convenios de la OIT”, indicó Carbone.
El sindicalista denunció que 2.000 empleados públicos han sido forzados a jubilarse por razones políticas. “El gobierno pretende que los cargos de los funcionarios sean ocupados por beneficiarios de la misión chamba juvenil”, alertó el dirigente.
“Si bien no es una suma elevada, con el sueldo que gana un empleado público de carrera el gobierno puede pagar a dos y tres muchachos leales que antepongan su militancia política al salario”, destacó.
