A partir de la próxima semana, organizaciones de los derechos humanos (DDHH) denunciarán ante el sistema de las Naciones Unidas y tribunales nacionales las consecuencias devastadoras de las sanciones coercitivas, aplicadas por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) y sus aliados internacionales, contra la economía venezolana.
“La semana que viene iniciaremos con la primera denuncia y así sucesivamente tanto en el sistema de derechos humanos como en tribunales nacionales”, informó Lucrecia Hernández, directora de la organización civil Sures, en entrevista concedida a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Precisó que las delaciones están sustentadas en investigaciones realizadas a sectores concretos, como pacientes con VIH o personas con discapacidad, sobre el nivel de afectación registrado a causa de la restricción en la importación de insumos y medicamentos.
“Hemos venido creando expedientes a partir de los cuales vamos a hacer las denuncias de cómo las medidas coercitivas unilaterales afectan a sectores concretos y cómo han impactado su cotidianidad, teniendo en cuenta que hasta 2014 mantenían niveles aceptables de satisfacción”, detalló.
Y es que a raíz de la aprobación del proyecto de ley destinado a sancionar a funcionarios venezolanos, admitido en el Congreso de EEUU en diciembre de 2014, se dificultó la distribución gratuita de fármacos antiretrovirales, “cuando hasta esa fecha no había ningún inconveniente”.
El desenvolvimiento de las personas con discapacidad también resultó afectado. Hernández denunció obstáculos en la adquisición de bastones y demás productos necesarios para atender a la población con deficiencias auditivas, así como en la importación de piezas específicas de software educativos.
Indicó que 36% de los medicamentos requeridos para garantizar el derecho a la salud en Venezuela proceden de EEUU, nación que ha impuesto severas medidas contra el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
“La importación de estos insumos provienen directamente desde los países que aplican las medidas. El sistema de países que imponen medidas coercitivas, en la práctica, quieren cambiar el régimen político-económico”, dijo Hernández.
En este sentido, sentenció que la política estadounidense contra Venezuela atenta, sin lugar a dudas, contra los DDHH por tanto limita el libre comercio del Estado, violando las disposiciones de la Carta de la ONU y el derecho al desarrollo de los pueblos.
Solidaridad internacional
A propósito de la campaña #TrumpDesbloqueaVenezuela, orientada a denunciar los estragos del bloqueo económico y financiero, Hernández calificó de “fundamental” el respaldo brindado por organizaciones internacionales a la lucha emprendida por los venezolanos.
“La solidaridad internacional ha sido fundamental. Desde hace mucho tiempo hemos venido recibiendo muchas muestras de solidaridad con el pueblo ante la afectación de los derechos a consecuencia de las medidas coercitivas”, agregó.
Este lunes, el canciller de la República, Jorge Arreaza, presentó en redes sociales la campaña #TrumpDesbloqueaVenezuela a fin de exigir a la administración del Presidente Donald Trump el cese de las sanciones contra el país suramericano.
