La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció este lunes 7 de junio que los extranjeros que entraron ilegalmente al país norteamericano no pueden obtener la residencia permanente, aunque el Gobierno les haya permitido quedarse bajo un estatus de protección temporal.
La sentencia unánime, redactada por la jueza Elena Kagan, dijo que la ley de inmigración actual sólo permite a los que fueron admitidos legalmente en Estados Unidos solicitar la residencia permanente.
El Estatus de Protección Temporal, o TPS, aplaza la deportación de los no ciudadanos cuando las condiciones en sus países de origen hacen que sea demasiado peligroso regresar.
La Corte, en definitiva, devolvió la cuestión al Congreso, al dictaminar que la legislación pendiente de aprobación autorizaría explícitamente a los beneficiarios del TPS, que entraron ilegalmente, a solicitar la tarjeta de residencia.
«Por un lado, un extranjero puede ingresar a territorio estadounidense, pero no tener un estatus legal, como alguien que entró legalmente en Estados Unidos con un visado de estudiante, pero que se quedó en el país mucho después de graduarse», escribió. «Por otro lado, un extranjero puede tener un estatus legal pero no ser admitido, como alguien que entró ilegalmente en el país, pero luego recibió asilo».
La jueza expresó claramente que una persona que ingrese legalmente no podrá regularizar su situación migratoria, «y su TPS no altera ese hecho. Por lo tanto, no puede convertirse en un residente permanente de este país», escribió la jueza Kagan, citada por The Wall Street Journal.
Unas 400.000 personas de una docena de países, entre ellos Haití, Nepal y Yemen, tienen actualmente el estatus de protección temporal, que a pesar de su nombre puede extenderse durante décadas si la Secretaría de Seguridad Nacional renueva la resolución.
La aplicación del TPS permite a los beneficiarios trabajar legalmente en Estados Unidos, pero pueden ser deportados si el gobierno se niega a renovar la resolución.
En 2016, el gobierno del expresidente Barack Obama permitió que el estatus de protección expirara para los ciudadanos de Guinea, Liberia y Sierra Leona después de determinar que las condiciones se habían estabilizado, tras la contención de un brote de ébola.
El gobierno de Trump trató de poner fin al estatus de protección para El Salvador y varios otros países, pero esos esfuerzos se estancaron en los tribunales antes de que la administración de Joe Biden, que promete una política de inmigración más generosa, asumiera el cargo en enero.
En lo que va de año, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha concedido el estatus de protección temporal a ciudadanos de Venezuela y Myanmar presentes en Estados Unidos, alegando la inestabilidad política en ambos países.
El TPS para ciudadanos de Venezuela, según la administración, podría ofrecer un alivio de la deportación a unas 320.000 personas, dice WSJ.
Mayorkas también autorizó que unos 100.000 haitianos presentes ilegalmente fueran elegibles para el TPS en virtud de una extensión del estatuto para ese país, debido al agravamiento de las condiciones de seguridad en la isla antillana.
Fuente: Banca y Negocios
