Un panel de juristas independientes determinará en octubre si hay base para que algún Estado miembro de la Organización de Estados Americanos denuncie al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país ante la Corte Penal Internacional.
Como organismo, la OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros que la integran, que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
En los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela.
“Esta puede ser la primera vez en la historia de la CPI que un Estado refiere a otro a la corte, pero para eso este trabajo es fundamental y ningún Estado lo va a hacer si no hay un dictamen de los expertos que diga que hay que hacerlo”, explicó Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI.
El jurista está a cargo de las audiencias que comenzaron esta semana en la OEA, para recabar información sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La Secretaría General de la organización, que encabeza el ex canciller uruguayo Luis Almagro, elaborará un informe con el resultado de las 4 sesiones y el material enviado por 50 organizaciones. Sobre la base de ese documento, los expertos determinarán si hay o no fundamento para llevar el caso a la CPI.
Aval. Carlos Ponce, director para Latinoamérica de Freedom House, organización independiente que promueve la democracia y la libertad en el mundo, indicó: “Si este proceso que se abre en la OEA sirve para hacer incidencia en algún país o países para que denuncien a Venezuela, ese sería el gran éxito de estos foros”.
Si ninguna nación da ese paso, Almagro podría enviar la información como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, que declararán en las audiencias de la OEA en octubre.
“Lo que pasa es que eso no abre una investigación; eso permite a la fiscal (de la CPI) actuar de oficio, pero un Estado que lo envía abre una investigación casi automáticamente”, dijo Moreno Ocampo.
Es decir, si lo hacen uno o varios Estados tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera comunicación (algo que puede presentar cualquier persona u organismo) sino de una referencia (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).
Por el momento, ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya y la mayoría de las delegaciones de la OEA no ha acogido a las audiencias, una iniciativa de Almagro y no de los miembros.
Apoyo. En las dos audiencias celebradas la semana pasada en Washington, apenas se vieron embajadores titulares y la mayor parte del tiempo la mitad de las sillas de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa) estuvieron vacías.
“Eso es normal, están esperando; hay aproximadamente 14, 15 delegaciones”, apuntó Moreno Ocampo, que restó importancia al hecho de que ningún embajador respondió a la invitación de hacer preguntas a los denunciantes en las sesiones.
Venezuela, que recibió la misma convocatoria que el resto de misiones, no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere validar una actividad que considera ilegal, explicaron fuentes de la legación.
Los venezolanos pidieron que se aclare cómo se financia la actividad, a lo que la Secretaría General de la OEA respondió que se trata de fondos externos y voluntarios que se detallarán al término de las audiencias.
El país que más ha apoyado la iniciativa es Canadá y el embajador de Costa Rica estuvo en las dos sesiones.
