Ante el drama que vive la ciudadanía en Venezuela como consecuencia de la destrucción del tejido social, económico y político; ante la destrucción de las empresas que surten materias primas y sus encadenamientos en industrias de manufactura, habiéndose reducido el parque de procesamiento industrial a menos del 10% de lo que tuvo Venezuela, producto de un modelo basado en una ideología de centralismo que ha fracasado y que ha degenerado en un entorno de políticas públicas erradas que propenden a la quiebra de las empresas. Y dado que nuestro desarrollo económico es consustancial con la democracia y el estado de derecho, resulta sumamente preocupante la crisis política y económica que vive el país.
Asimismo, ante la manifestación mayoritaria del pueblo venezolano de no participar en el proceso comicial del pasado 20 de Mayo, el cual fue percibido como plagado de ilegitimidad e irregularidades desde su convocatoria, según se evidenció en calles y centros de votación que se observaron prácticamente solitarios en todo el territorio nacional, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), como organización gremial que representa a las industria y como parte de la sociedad civil, considera necesario hacer del conocimiento público su posición.
Desde el momento en que se realizó la convocatoria para un proceso comicial considerado ilegítimo y sin las debidas garantías que permitieran la libre expresión de los derechos políticos de los ciudadanos, nos sumamos a las manifestaciones de muchas organizaciones nacionales e internacionales que se pronunciaron sobre la necesidad de postergar las elecciones hasta tanto se cumpliera con la normativa establecida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas expresiones públicas fueron ignoradas, con el consabido impacto en la pérdida de legitimidad del gobierno en ejercicio para el período constitucional 2019-2025.
En consecuencia, ante el pronunciamiento inequívoco de la ciudadanía venezolana de no convalidar este proceso electoral de mayo con su participación, hemos considerado un deber ineludible, señalar lo siguiente:
- Reconocer en la comunidad internacional representada por el Grupo de Lima, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y aquellos países que trabajan por el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela, su preocupación, sus acciones y el apoyo brindado en este difícil proceso político, social y económico que vivimos actualmente y le pedimos que no cesen en sus esfuerzos por propiciar la búsqueda de soluciones a la crisis y al restablecimiento de la democracia en Venezuela.
- Acompañar a la ciudadanía en su reiterada exigencia de que se cumplan la Constitución y las leyes de la República. Es inaceptable la pretensión de usar la fuerza pública para desconocer éstas, así como la voluntad popular.
- Hacer un reconocimiento a la Asamblea Nacional por cumplir con su misión de garantizar la vigencia de las leyes de la República y de rechazar los atropellos jurídicos de quienes deberían ser los primeros defensores de la institucionalidad en el país.
- Convocar a todas las organizaciones de la sociedad, incluidas las organizaciones gremiales, sindicales, académicas y religiosas, así como a los actores políticos, los funcionarios públicos y a los que legítimamente ostenten representación de otras agrupaciones de la sociedad civil, para unir esfuerzos en el diseño de una estrategia unitaria y consensuada que promueva el necesario y urgente cambio político que Venezuela necesita, orientado al restablecimiento efectivo del estado de Derecho y de la democracia, tal y como lo establece el artículo 333 de la Constitución.
- Manifestar que para el sector industrial, comprometido con el desarrollo y progreso del país, es fundamental contar con condiciones de estabilidad económica –donde se respete el derecho a la propiedad-, y política, que le permita cumplir con su misión de producir los bienes que la población requiere y generar puestos de trabajo estables. Para ello, se requiere de un cambio político y económico que permita recuperar la actividad industrial, la producción y el empleo.Venezuela cuenta con ciudadanos dignos, respetuosos y respetables; capaces y comprometidos con el objetivo de trabajar para resolver los problemas inmediatos que el país enfrenta -hiperinflación, crisis humanitaria, inseguridad y colapso de los servicios públicos-, así como para construir un entorno político de igualdad y justicia en el cual puedan sanarse las heridas sociales y generar una economía que nos brinde oportunidades en la búsqueda de la prosperidad que todos ansiamos y merecemos, todo lo cual resultará en un país con la debida gobernabilidad.
