En virtud de una solicitud realizada por el Ministerio Público, la Fiscalía tomó la decisión de congelar las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasilera Odebrecht en Venezuela.
Tal petición fue hecha por los fiscales 55° nacional y auxiliar, Pedro Lupera y Luis Sánchez, respectivamente, ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas.
Los representantes del Ministerio Público dirigen la investigación sobre presuntas irregularidades que se habrían suscitado con las contrataciones de la dicha compañía.
La medida fue tomada luego del allanamiento a la sede de Odebrecht, ubicada en la Torre Humbolt.
Dicha investigación está dirigida a esclarecer la situación y determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas o no; además de verificar cuál sería el destino del dinero cancelado por las mismas, y para corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones.
De igual manera, se solicitó una orden de aprehensión contra una persona por estar presuntamente vinculada con las irregularidades detectadas, y además, se requirió que sea incorporada al código rojo de Interpol, en caso de que esta se encuentre fuera del país, para que sea aprehendida y posteriormente extraditada.
Asimismo, el Ministerio Público venezolano envió rogatorias a Brasil, Suiza y Estados Unidos para información sobre el caso.
