El representante por el estado Carabobo, diputado Marco Bozo informó que una Comisión Mixta integrada por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, iniciará este jueves la recaudación de todos los documentos de aquellos funcionarios y trabajadores del sector público que han sido despedidos de manera arbitraria, amenazados y amedrentados por el régimen de Nicolás Maduro.
Bozo indicó que la Dirección de Participación dispondrá de un stand en la Planta Baja del edificio José María Vargas para que las personas consignen copia de cédula de identidad, carta de despido o el recurso que intentaron ante la Inspectoría del Trabajo o ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde redactaron una breve exposición de motivo, así mismo llenarán una planilla con todos sus datos la cual será facilitada por el personal de apoyo de la AN.
Así lo dio a conocer el parlamentario este miércoles en rueda de prensa en el piso 8 en el salón Francisco de Miranda, edificio José María Vargas, sede administrativa del Parlamento Nacional, en donde detalló que dicha iniciativa tiene que ver con los funcionarios que desean ampararse en la Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector público y Sectores Sociales que participen en el restablecimiento de la democracia aprobada por la AN.
En este sentido, el diputado Rafael Veloz explicó que en la consulta para que finalmente la Asamblea Nacional aprobara la referida Ley, la Asociación Civil Movimiento Vinotinto trajo unos registros donde reflejaba que desde el año 2016 hasta el primer trimestre del 2019, más de ocho mil trabajadores han sufrido persecuciones por móvil político y entre el año 2018 y parte del 2019 más de veinte cinco trabajadores han sido encarcelados.
“80% de las persecuciones la sufren las mujeres por ser las más aguerridas, las que más protestan, y los pocos casos donde la Inspectoría del Trabajo o la administración de justicia le restituye algunos derechos a estos trabajadores, Nicolás Maduro no atiende la orden de los tribunales de la República y eso significa que hay impunidad”.
Veloz, quien también es miembro del Parlasur, señaló que la AN estará abierta el tiempo necesario para la recaudación de documentos y la orientación hacia todos los trabajadores y funcionarios que han sido afectados por el régimen de Maduro, en el área laboral.
